Juzgan a cuatro personas por uno de los mayores alijos de droga intervenidos en Badajoz

El juicio por uno de los mayores alijos de droga intervenidos por la Policía Nacional en la capital pacense en los últimos años -9 kilos de cocaína y 2,5 de heroína- quedó este jueves visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz. Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, se sentaron en el banquillo como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.  

La fiscalía pide para el principal encausado 12 años de prisión por ambos cargos, además de multas que suman 4,5 millones de euros. Para el otro varón, al que señala como subordinado del ‘cabecilla’, solicita 9 años de prisión por tráfico de drogas y una multa de 4 millones de euros. Mientras las dos mujeres procesadas, esposa e hija del primero, se enfrentan a 6 años de cárcel y una multa de 120.000 euros cada una por blanqueo de capitales.

Las defensas, por su parte, negaron cualquier vinculación de sus clientes con el alijo hallado en una parcela de Los Rostros de Santa Amalia, aledaña a la del principal acusado, así como que se dedicaran a distribuir droga a otros traficantes para su venta a pequeña escala ni que los bienes inmuebles, vehículos, viajes y fiestas que celebraron fueran costeados con dinero procedente de esta actividad ilícita y puestos a nombres de terceros para ocultarlo.

Los cuatro fueron arrestados en agosto de 2022. Los dos hombres están en prisión desde entonces. La Policía Nacional les seguía la pista desde hacía meses. Sus teléfonos estaban intervenidos y se habían establecido vigilancias y seguimientos. En una de las salidas del presunto cabecilla y su subordinado de su parcela de Los Rostros en el coche del primero, ante los indicios de que llevaran droga, fueron interceptados por los agentes, que los detuvieron, tras una persecución en la que, incluso, hubo una colisión con un vehículo policial. En el momento del arresto, el subordinado arrojó dos bolsas, una con cocaína y otra con heroína (unos 100 gramos cada una, según los agentes). 

Ambos investigados señalaron que la policía no les hizo señales para que le dieran el alto y que huyeron porque lo único que vieron fue «a un hombre con tatuajes bajarse de un coche con una pistola». Sin embargo, los agentes aseguraron que llevaban todos los indicativos y que pese a sus órdenes para que parara, el conductor hizo caso omiso.  

Tras los arrestos, se registraron la parcela y una casa de Bravo Murillo, donde residía el principal acusado con su mujer y sus hijos. En la finca, según la declaración de los policías, se percataron de que, tras un gallero, había una alambrada pisada lo que les condujo al gallinero donde se encontró la droga, que estaba en bolsas metidas en un recipiente, con una vieja carretilla y plásticos encima.

El principal acusado, que fue el único que contestó las preguntas de todas las partes -el resto solo a sus abogados- aseguró que sus ingresos proceden de su trabajo como tratante de gallos de pelea y de caballos, negó que la droga fuera hallada fuera de su propiedad y señaló, como ya hizo su defensa, el abogado José Duarte, que en un radio de 500 metros de su parcela la Policía Nacional había investigado «al menos a 14 personas en los últimos tiempos» por su supuesta vinculación al tráfico de sustancias estupefacientes. «Mío no es lo que se encontró», insistió.

Sin embargo, los investigadores aseguraron que, por la maleza que había, no era posible acceder al gallinero si no era por la parcela del supuesto ‘cabecilla’, desde la que existía una vereda hasta este lugar que denotaba el trasiego de un lado a otro.

En su declaración, el principal encausado desvinculó a su esposa de sus negocios y de la compra de hasta cinco bienes inmuebles -aunque reconoció que estaban a nombre de ella y de sus hijos-, ya que dijo que esta solo se dedicaba a cuidar a la familia. Su mujer afirmó lo mismo. 

El subordinado, según relató, trabajaba para el principal acusado, al que ayudaba a cuidar los animales, y reconoció que el día que fue detenido había consumido una elevada cantidad de droga. Asimismo, señaló que la heroína y cocaína que le incautaron al ser detenido era para consumo propio, ya que era toxicómano y consumía de 2 a 3 gramos al día.

Por el 'rabillo del cero'

Pese a que el alijo de droga apareció en una propiedad que no era del principal encausado ni de su familia, ni la fiscalía ni los investigadores tienen dudas de que la cocaína y la heroína halladas eran del principal encausado. Una de las razones son los números y letras con las que estaban marcadas. En una ponía 90 TE y en la otra 640 Caballo. En ambas había una coincidencia en uno de los dígitos, en el 0. Tenía un «rabillo muy característico», según explicó ayer uno de los policías. No era la primera vez que lo veían. En una de las bolsas de envasar con droga que le incautaron al supuesto subordinado cuando fue detenido también había un número escrito, el 190, con ese cero con su ‘rabillo’. La misma particularidad también habían encontrado la libreta de tapa naranja que se intervino en el registro de la casa de Bravo Murillo. Había anotadas distintas cantidades. El cero estaba escrito de manera «idéntica». Las letras, según los policías, correspondían a las iniciales del supuesto destinatario de la mercancía, un presunto traficante «con el punto de venta más activo de la plaza Alta» al que se ha detenido «por quinta o sexta vez» hace solo unos días. 

Solicitudes de nulidad

En el turno de diligencias previas, las defensas han solicitado la nulidad de los autos judiciales que autorizaron las intervenciones telefónicas a los procesados, al considerar que en el oficio de la policía del que partió "no hay datos ni vestigios que justifiquen las escuchas", y del registro de la parcela donde se halló la droga, ya que, según argumentaron, se había accedido a la misma sin permiso judicial. De ambos se derivan las principales pruebas de cargo y su nulidad hubiera supuesto anular todo el procedimiento.

La fiscalía se opuso al entender que el auto de las escuchas estaba suficientemente motivado y no vulneraba los derechos de los acusados, y que en el registro, los agentes actuaron de «buena fe» y contaron con el consentimiento del dueño de la finca. El tribunal sostuvo este mismo argumento para no admitir las solicitudes de nulidades.