Desahucio previo al derribo
La Junta acude al juzgado para desalojar el estadio José Pache de Badajoz
Presenta una denuncia ante el juzgado número 2 por ocupación ilegal de edificio público
Será el juez el que ponga fecha al alzamiento
La consejería toma esta decisión por la "seguridad" de los okupas, que no se van voluntariamente
Nuevo capítulo en el intento de hacer desaparecer las instalaciones del antiguo campo de fútbol José Pache de Badajoz, abandonado desde hace diez años. Ante la imposibilidad de que los okupas se vayan voluntariamente, la Junta de Extremadura, como propietaria del recinto, ha emprendido acciones judiciales para desalojar a las personas que viven en las dependencias que se mantienen en pie, en pésimas condiciones de habitabilidad.
La Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda presentó a principios de enero en el juzgado de primera instancia número 2 de Badajoz una denuncia por ocupación ilegal de edificio público y será el juez el que decida la fecha del alzamiento para proceder al desahucio.
La decisión de emprender acciones judiciales se produce después de haber intentado durante meses «sin éxito» que las personas que viven en el recinto lo abandonen de forma voluntaria. La Junta señala que lo hace «pensando en su seguridad», sobre todo después del incendio ocurrido a principios de diciembre pasado, en el que resultaron con graves quemaduras dos hombres, que tuvieron que ser trasladados a la Unidad de Grandes Quemados de Getafe, de donde ya fueron dados de alta. Por aquel incendio fue detenido otro hombre que también vivía en las instalaciones del campo de fútbol.
Un año después
Hace más de un año, en enero de 2023, la Junta inició el derribo, pero después de demoler el muro perimetral paralizó las obras precisamente por la presencia de okupas. Tras el trágico incendio, el Ayuntamiento de Badajoz encargó al servicio municipal de bomberos un informe, que confirmó el mal estado de las instalaciones y «las evidentes condiciones de inhabitabilidad» de estas dependencias, debido a la presencia de basuras con riesgo de incendio, grietas en los muros y construcciones no consolidadas con peligro de derrumbe, además de humedad y suciedad. El jefe de los bomberos concluía en su análisis que las instalaciones «deberían ser inmediatamente desalojadas y clausuradas a efectos de evitar futuras desgracias».
En la consejería defienden que «ha resultado imposible», tras «reiteradas» ocasiones, que estas personas se marchen voluntariamente, por lo que ha optado por pedir una orden judicial de desalojo «pensando en su propia seguridad», recalca. Insiste además en que tanto la Junta como el Ayuntamiento de Badajoz han intentado «por todos los medios» que se vayan, pues existe un riesgo para quienes viven en este recinto y aunque les han facilitado diferentes alternativas de realojo, no han aceptado ninguna de las opciones.
La Junta señala que algunos okupas viven allí permanentemente y otros lo hacen de manera temporal, entran y salen.
Un año después de los primeros derribos de las instalaciones, la consejería contrató a una empresa especializada para retirar el amianto que permanecía en el techo de algunas dependencias, en la zona donde no viven okupas. La Junta recuerda ahora que esta actuación se acometió por tratarse de material peligroso para la seguridad de estas personas. Ha pasado un mes y no no hay fecha para continuar los trabajos. Su intención es continuar con la demolición de las gradas. Esperará la orden de desalojo del juez para continuar. Esa será la fecha: la Junta «procederá al derribo total del antiguo estadio José Pache cuando no haya personas alojadas allí».
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