Macrojuicio en Badajoz: la fiscalía rebaja las penas para 23 acusados y retira los cargos a 7

Principio de acuerdo entre las partes en el macrojuicio por tráfico de drogas contra 30 acusados que comenzó este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz. La fiscalía propone una rebaja de las penas de prisión que para 23 de los encausados y retirar los cargos a otros 7. Todos están procesados por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

La reunión entre las partes para tratar de alcanzar un acuerdo se ha producido antes del inicio de la segunda sesión del juicio, que se ha suspendido y se retomará este miércoles por la mañana, para ratificar en sala la conformidad. El presidente-magistrado, José Antonio Patrocinio, los ha citado a las diez de la mañana. Aunque los abogados defensores no han querido detallar los términos del pacto, a falta de que se cierren todos los flecos y se presente por escrito, sí han reconocido que supone una reducción "sustancial" en las penas de cárcel de entre 6 y 24 años que el ministerio público solicitaba para los investigados, que fueron detenidos en diciembre de 2018 en una operación de la Policía Nacional llevada a cabo en el Cerro de Reyes.

La fiscalía ha retirado el delito de pertenencia a organización criminal para todos los encausados y solo para algunos se aplica su agravante menos gravosa de grupo criminal (6 meses de cárcel). Siete de los procesados, si no hay cambios de última hora, serán absueltos al no mantenerse ninguna de las acusaciones que pesan contra ellos, mientras que en el caso de los otros 23 acusados las penas solicitadas disminuyen considerablemente, al retirar algunos de los cargos que se le imputaban y rebajar los años de prisión por los delitos que se les continúan atribuyendo.

Macrojuicio por tráfico de drogas en Badajoz: las defensas piden anular las escuchas y registros

"Es un principio de acuerdo bastante favorable para la fiscalía y para los acusados, porque las cuestiones previas que se dirimieron el lunes, que no están definitivamente resueltas por la sala, pueden inclinar el juicio en un sentido o en otro", ha valorado José Duarte, abogado de 21 de las 30 personas que se sientan en el banquillo. En este sentido, ha señalado que, si tal y como han planteado las defensas, se anularan las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios, "podría llevar, en el peor de los casos, al ministerio público a no tener ninguna prueba", ha argumentado.

Por su parte, Alfredo Pereira, que representa a 6 de los encausados, ha destacado que con este principio de acuerdo "cada uno de los acusados responde por lo que haya podido realizar", individualizando la participación o no en determinados hechos.