La fiscalía rebaja a 4 años la petición de pena para los acusados de revelar datos de un joven tiroteado en Badajoz

El juicio contra cuatro acusados de revelar, a través de Facebook, datos personales y la declaración policial de un joven tiroteado en Suerte de Saavedra en 2019, en la que reconocía a dos de los presuntos autores de los disparos, quedó este miércoles visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 2 de Badajoz, donde se retomó la vista tras suspenderse en dos ocasiones anteriores.

La fiscalía, que inicialmente solicitaba 5 años de prisión para todos los procesados por un delito de revelación de secretos en concurso ideal con otro de obstrucción a la justicia, en sus conclusiones definitivas rebajó la petición de cárcel a 4 años, al entender que no se ha podido probar cómo accedieron los inculpados a los documentos oficiales difundidos, pero sí que lo hicieron de forma no autorizada ni consentida.

Las defensas, ejercidas Raúl Montaño, Fernando Cumbres, Antonio Calzadilla y Jaime García Galán, mantuvieron la petición de absolución para sus clientes alegando que existe «una falta absoluta de pruebas» para concluir que fueron ellos quienes difundieron el videomontaje en el que se revelan los datos del joven tiroteado y mucho menos que acrediten que fueron sus creadores.

Los abogados, en sus alegatos finales, volvieron a reclamar la nulidad de las actuaciones porque no hubo denuncia por parte del perjudicado, sino que la fiscalía y la Policía Nacional actuaron de oficio, e impugnaron el informe realizado por la Unidad de Delitos Tecnológicos de Policía Nacional, al entender que existe un «quebranto» del artículo 14 de la Constitución Española. En este sentido, todos coincidieron en que la investigación se dirigió de manera deliberada hacia los procesados, y no hacia las otras «cientos» de personas que compartieron el mismo videomontaje en redes sociales. «Estaban señalados y eso supone una discriminación total y absoluta hacia ellos», argumentaron.

Para los abogados defensores el informe policial adolece de todo rigor, algo que consideran grave en un caso en el que se piden penas de prisión de 4 años para los inculpados. «Son chivos expiatorios de la policía», llegó a señalar una de las defensas.

Sin embargo, el ministerio público sostuvo que no es necesario que el perjudicado denuncie los hechos antes del procedimiento judicial, ya que basta con que acepte el ofrecimiento de acción, lo que, en su opinión, hizo en su declaración como testigo en el juicio. La fiscalía considera que los cuatro acusados, a quienes vincula con los presuntos autores del tiroteo por parentesco o amistad, actuaron de manera organizada, para, a través de la publicación de este videomontaje, intimidar al joven tiroteado para «influir o infundir miedo» ante el proceso judicial por los disparos que recibió, que sigue abierto.

«El vídeo ha sido publicado y compartido por estos cuatro señores para amedrentar y vulnerar la voluntad del perjudicado», señaló el fiscal, quien defendió que no era necesario el apoderamiento físico del documento público que se difunde a través de la red social para vulnerar la intimidad de una persona en su perjuicio, «que sí es un delito».