El coordinador local del Partido Popular en Badajoz, Antonio Cavacasillas, denunció ayer con un comunicado el «hachazo» que llevará a cabo la Junta de Extremadura al pretender la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los centros sanitarios, lo que supondrá una merma de 1,2 millones de euros anuales en el caso del Ayuntamiento de Badajoz.

Esta denuncia se refiere a la Ley de Mejora de los Procesos de Respuesta Administrativa, que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta y ahora debe tramitarse en la Asamblea de Extremadura. Este proyecto incorpora un cambio en la Ley de Patrimonio mediante una disposición que establece que todos los edificios dependientes del Servicio Extremeño de Salud (SES), organismos autónomos y consejerías de la Junta en los que se impartan enseñanzas regladas serán tratados como centros educativos y estarán exentos del pago del IBI. Esta decisión afecta a los hospitales de la región y más de un centenar de centros de salud, especialmente en Badajoz. Este conflicto no es nuevo, pues la Ley de Patrimonio original de 2008 incluía esta disposición y el ayuntamiento pacense acudió a la Fempex, que a su vez se dirigió al Ministerio de Hacienda, que concluyó en 2011 que esta exención vulneraba la Constitución. 

Cavacasillas pidió que se paralice de manera «inmediata» la modificación de la normativa que promueve la Junta, ya que es una decisión que «perjudica a Badajoz», por lo que se ha preguntado «qué tiene el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, contra los pacenses». El concejal y portavoz del grupo municipal popular llamó la atención sobre la reducción importante en los recursos que sufrirán los ayuntamientos, siendo el de Badajoz uno de los «más perjudicados», lo que podría «quebrantar la calidad de los servicios que prestan las entidades locales a los ciudadanos».

Cavacasillas recordó que se trata de una medida que ya aplicó años atrás el PSOE, pero el Ejecutivo autonómico presidido por el popular José Antonio Monago «devolvió a los ayuntamientos extremeños lo que era suyo». Una decisión que los socialistas pretenden recuperar ahora, por lo que el PP se pondrá en contacto con el resto de grupos políticos de la corporación municipal para registrar una moción conjunta de rechazo por parte del Ayuntamiento de Badajoz, como ya hizo por unanimidad en 2016.