La Intervención del Ayuntamiento de Badajoz señala al superintendente y a la concejala del área, María José Solana, por irregularidades en el procedimiento de autorización de servicios extraordinarios de la Policía Local, según recoge el informe que abordará mañana la Comisión de Economía y Hacienda, incluido en el expediente para poder abonar los servicios pendientes de 2022, cuyo contenido ha dado a conocer este diario. Las autorizaciones no pasaron por la Junta de Gobierno Local previamente ni había partida presupuestaria. Esta mañana ha hablado el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, que intenta por todos los medios evitar las discordias en el seno del gobierno de coalición. El alcalde no niega que las irregularidades han existido y la defensa a la que se aferra es que una vez que se han detectado se han corregido y el procedimiento que se está siguiendo con los servicios extraordinarios es el que marca la normativa. "Son cuestiones que a veces uno se encuentra y hay que irlas solventando y regularizando", ha comentado Gragera, de cuyas palabras se desprende que para el alcalde lo importante es que a partir de ahora se hagan las cosas bien.
La Intervención alerta de que se podría incurrir en responsabilidades y de que estas actuaciones se pondrán en conocimiento del Tribunal de Cuentas. Gragera insiste en que ahora están cumpliendo: "Está controlado, está solventado, ha pasado por Junta de Gobierno y con eso me quedo".
"Lo que se plantea es existe un reparo, una objeción, que se ha levantado porque se han subsanado todas las deficiencias y ya no existe ningún problema", se limita a comentar el alcalde, para quien "las situaciones se van solventando tal y como vienen dadas y se van ajustando los criterios técnicos de los funcionarios de la casa y cuando se les puede dar solución se soluciona y es una muy buena noticia que se puedan acortar plazos". El retraso en el pago de estos servicios ha provocado que la Policía Local se plante y se niegue a seguir prestándolos, poniendo en un brete la próxima celebración de fiestas multitudinarias como Los Palomos (el 4 de junio es el día grande) y la feria de San Juan (a finales de ese mismo mes).
El alcalde no quiere líos, al menos públicamente, y se mantiene en el empeño de solucionar el problema con la Policía Local para que la ciudad pueda celebrar estas convocatorias con seguridad. La Interventora deja constancia en su informe de que hay servicios extraordinarios cuyo pago ahora se reclaman que se realizaron por la vía de hecho, sin que exista una resolución previa de la Junta de Gobierno Local, así como tampoco había crédito suficiente para su abono y no se había acreditado que los policías hubiesen realizado las 80 horas fuera de su jornada ordinaria y 5 festivos, que constan en su complemento específico. Aun así, Intervención concluye que los policías deben cobrar lo que por derecho les corresponde, porque han hecho su trabajo. "Esta situación se ha regularizado desde el mismo momento en que se han subsanado esas deficiencias que se ponían de manifiesto y por eso la modificación presupuestaria y por eso el reconocimiento extrajudicial de crédito y por eso la justificación de los cinco días festivos y de la 80 horas, vamos dando pasos y vamos solventando las dificultades y por eso podemos ir acortando plazos para el pago, así que nada más", concluye.
El alcalde insistió el lunes en que esta semana los policías cobrarán la deuda de 2021, pero su sindicato mayoritario, Aspolobba, se mantiene en que hasta que no les paguen todo lo que se les debe no volverán a cubrir servicios extraordinarios voluntarios. El alcalde ha insistido este martes en que se les pagará ahora lo del año pasado y, el resto, lo que corresponde a 2022, en la nómina de junio. "Más no podemos correr y ya queda la decisión de Aspolobba, de los policías, de querer o no querer hacer servicios extraordinarios, que son voluntarios, sabiendo cuáles son las repercusiones y el coste que tiene para la ciudad, para los vecinos, los promotores pero también para la propia policía".
