Cuando se han cumplido ya tres años de retraso sobre la primera fecha que se dio para la finalización del nuevo palacio de justicia de Badajoz, en la Ronda Norte, aún siguen pendiente de adecuarse la primera planta y parte del semisótano, además de otras espacios, en las que se instalará la nueva Oficina Judicial, una vez que esté implantada, que prestará servicios comunes a jueces y magistrados El Ministerio de Justicia acaba de sacar a concurso estas obras con un presupuesto de 3.129.908,90 euros, que permitirán acondicionar la parte pendiente, que se dejó sin revestimientos ni divisiones, es decir, en bruto. Una vez adjudicadas, tendrán un plazo de ejecución de 6 meses, según recoge el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo lunes. El desarrollo de los trabajos se ha previsto en dos anualidades, con una inversión de 1,4 millones en 2022 y el resto, 1.729,908,90, en el siguiente ejercicio.
La fecha límite para que las empresas presenten sus ofertas es el próximo 16 de mayo.
La última previsión del ministerio para la apertura del palacio de justicia, según avanzó hace tan solo unas semanas en su visita a Badajoz el secretario de Estado de Justicia, Antonio Rodríguez, es la primavera de 2023. El resto del edificio, con cinco plantas de altura más semisótano, está acabado. Una vez concluyan las obras que se han licitado ahora, se procederá a contratar el equipamiento de las instalaciones y se podrá materializar el traslado de todos los juzgados, que en la actualidad se encuentran dispersos por diferentes puntos de la ciudad y en muchos casos con condiciones muy precarias por falta de espacio y medios técnicos.
Este edificio albergará 22 juzgados, incluido el de guardia, la fiscalía, el decanato, 24 salas de vistas, la oficina de asistencia a víctimas de delitos violentos, la clínica médico forense, la zona de detenidos y policía, así como dependencias para otros profesionales y zonas de archivos.
Las obras del palacio de justicia de Badajoz comenzaron en el 2015. Se adjudicaron por 15, 1 millones a Unika Proyectos y Obras SAU, que en el 2018 entró en concurso de acreedores y dejó los trabajos sin finalizar. En septiembre del 2019, la terminación de la obra se volvió a licitar y en febrero del año siguiente se firmó el contrato con la nueva adjudicataria, la UTE formada por Coviam EPC y Construcciones y Obras Públicas, por algo más de 3,7 millones de euros. Estaba previsto que los trabajos comenzaran en marzo, pero la crisis sanitaria obligó a aplazarlos hasta finales de abril de 2020 y no terminaron hasta diciembre de 2021, a excepción de la planta primera, que quedaron en reserva pendientes de que se definiera la estructura definitiva de la nueva oficina judicial.
