Catorce años de prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado a agentes de la autoridad. Es la pena que solicitan la fiscalía y las acusaciones particulares para un hombre de 36 años acusado intentar disparar a dos policías nacionales cuando lo trasladaban al calabozo de la comisaría de Badajoz, después de arrebatar a uno de ellos su arma reglamentaria, los encañonarlos y apretara el gatillo. La pistola no estaba cargada, por lo que los agentes no resultaron heridos por arma de fuego, aunque sí sufrieron lesiones al reducir al detenido para inmovilizarlo.
Los hechos, que se juzgarán en la Audiencia Provincial de Badajoz el próximo 30 de septiembre, tuvieron lugar el 14 de octubre del 2018. Según recoge el ministerio fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, sobre las 20.45 horas de ese día, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía acudieron a un establecimiento de hostelería de la barriada de San Fernando, después de que una empleada denunciara que habían robado dinero de la caja registradora. En ese momento, en el local había tres clientes, entre ellos el procesado, que se negó a aportar sus datos personales ni documentación alguna cuando los agentes trataban de identificarlo, por lo que fue detenido y trasladado a la comisaría.
Durante el trayecto, según recoge el escrito del fiscal, el acusado los insultó y amenazó de forma reiterada, con expresiones como «sois unas mierdas, mañana nos vamos a ver las caras no sabéis con quién estáis dando, Badajoz es muy chico, ya os pegaré el susto», al tiempo que golpeaba de forma muy violenta la mampara del coche policial.
Una vez en la comisaría, donde el hombre mantuvo la actitud agresiva y hacía caso omiso a las indicaciones de los agentes, fue trasladado al área de Seguridad para ser ingresado en los calabozos. Cuando se encontraba sentado en un banco para ser cacheado, «de manera sorpresiva» agarró el asiento y trató de golpear al policía que lo iba a cachear, en cuyo auxilio acudió un compañero con el ánimo de tratar de reducir al arrestado entre ambos. En el forcejeo, el acusado logró arrebatar a este último agente su arma reglamentaria, «que se hallaba sin cargador y sin bala en la recámara, es decir, totalmente descargada». Una vez con la pistola en su poder, realizó la maniobra para amartillarla y montarla y dirigiéndola de manera alternativa «contra el cuerpo, zona del pecho y abdomen» de los dos policías, apretó varias veces el gatillo «con la intención de acabar con sus vidas», mientras les decía repetidamente «ahora qué, ahora qué».
Como la pistola estaba descargada no se produjo ningún disparo y los agentes lograron reducirlo, lo que provocó lesiones de distinta consideración a ambos, de las que tardaron en curar 64 y 21 días en cada caso. En sus conclusiones provisionales, el ministerio público, hace constar que el acusado desconocía que el arma no estaba cargada, aunque «por razones de seguridad» en este área de la comisaría de adopta esa consigna de forma general.
Intoxicación etílica
Los escritos de las acusaciones particulares son prácticamente idénticos al de la fiscalía en el relato de los hechos. Sin embargo, el de la defensa, que pide la absolución del acusado, dista mucho de la versión del resto de las partes. En este sentido, el abogado señala que su defendido llevaba consumiendo alcohol más de 5 horas cuando fue detenido y trasladado a comisaría, donde, reconoce, que pudo presentar una actitud de resistencia frente a los agentes, pero «en ningún caso tuvo ánimo de lesionar o atentar contra la vida» de estos funcionarios.
La intoxicación etílica que presentaba su cliente, que propone como eximente completa, hacía, según el letrado, «imposible» la utilización y manipulación de un arma ni tampoco forcejear con dos agentes y arrebatarle a uno de ellos la pistola. En este sentido, cuestiona el testimonio de los policías, aludiendo a una instrucción de la Secretaría de Seguridad del Ministerio del Interior que prohíbe el acceso a la zona de los calabozos con armas reglamentarias, por lo que «no podían ir armados en ese momento tal y como narran», una circunstancia que, a su juicio, no se puede demostrar porque la Policía Nacional no ha aportado los vídeos de seguridad.
La fiscalía pide indemnizaciones para los funcionarios de 805 euros y 3.400 por lesiones, a las que las acusaciones particulares suman 6.000 y 5.000 por los daños morales y psicológicos.
