En 2014 albergó su último partido de fútbol oficial y desde entonces el estadio José Pache ha ido deteriorándose hasta llegar al estado deplorable en el que se encuentra en la actualidad. El campo de juego y el de entrenamientos están cubiertos por pastos secos, parte de uno de los muros se ha venido abajo y los bloques de cemento se han sustituido por unas enclenques vallas metálicas. La puerta principal ha desaparecido y en su interior se acumulan basuras, hierros y otros desechos. Las antiguas oficinas y vestuarios están ‘okupadas’ por unas 15 personas, que viven de manera continua en este lugar, y, además, los fines de semana lo utilizan grupos de jóvenes para hacer botellón.
Del estadio que vivió los mejores momentos deportivos del Cerro de Reyes ya solo queda el recuerdo tras 8 años de abandono, del que el PP responsabiliza a la Junta de Extremadura, titular de estas instalaciones. El presidente provincial de los populares, Manuel Naharro, acompañado por concejales del PP en el Ayuntamiento de Badajoz, se desplazó ayer hasta las puertas del viejo campo de fútbol para denunciar su situación y exigir su derribo. «Es un nuevo agravio a Badajoz por parte de la Junta de Extremadura y otra de las vergüenzas que tiene en la ciudad», criticó Naharro, quien alertó de que la situación en la que se encuentra el José Pache, está generando problemas «de convivencia y de insalubridad en una zona en pleno crecimiento», dijo.
El suelo en el que se levanta el estadio tiene uso residencial en el Plan General Municipal (PGM), por lo que, según el PP, una vez que las instalaciones deportivas no se han mantenido en condiciones de uso, al menos deberían derribarse para evitar preocupaciones a los vecinos por su ‘okupación’ y las fiestas ilegales (en el último Carnaval se desalojó de este lugar a más de 40 personas).
No es la primera vez que los populares reclaman a la Junta la demolición del José Pache. El exalcalde, Francisco Javier Fragoso, ya solicitó en 2019 al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se estudiase el desarrollo de estos terrenos y, mientras tanto, se acometiese su derribo para impedir que se siguiera degradando y evitar situaciones de peligro. Según recordaron los concejales Juancho Pérez y María José Solana, en los dos últimos presupuestos regionales se han presentado enmiendas para que se incluyeran partidas para esta actuación, pero sin éxito. «La instalación deportiva se abandonó, mal hecho en su momento, pero eso se sigue agravando porque ahora ya se trata de un problema social que está generando problemas de convivencia», insistió Pérez, quien señaló que el argumento que se ha dado hasta ahora para no demoler el estadio es que no había fondos.
Este diario solicitó ayer a la Junta su respuesta a la denuncia del PP y sus planes para el viejo campo de fútbol, pero no obtuvo respuesta.
"Si lo tiran, nos dejan en la calle'
Susana es una de las personas que ‘okupan’ el estadio José Pache, donde viven unas 15. Ella nació en Cádiz, pero su pareja es de Badajoz. Cuenta que está buscando trabajo y que, mientras arregla su documentación, los vestuarios del viejo campo son el único techo bajo el que puede cobijarse. Ya vivió un año aquí y ahora ha vuelto. «Si lo tiran, nos dejan en la calle», dice. Asegura que no son personas conflictivas, que han ‘okupado’ estas instalaciones deportivas «por necesidad» y que son los grupos de jóvenes que acuden los fines de semana a hacer botellón los que causan problemas. «Eso nos perjudica a nosotros, que estamos intentando tener unas condiciones y una convivencia normales. Pagamos justos por pecadores».
En este sentido, explica que su día a día es tranquilo y «muy civilizado». En la zona en la que ella está instalada han adaptado las antiguas duchas y han montado «miniviviendas». Lo único que comparten ahora, según dice, es el huerto «del que comemos».
Hace unos seis años que el José Pache está ‘okupado’. Susana afirma que algunos de ellos se han empadronado en la ciudad y en su dirección figura el estadio y pide que, si finalmente se derriban las instalaciones, se les dé una alternativa. «Tenemos derecho a vivir en una casa digna, pero sin trabajo no podemos pagarla. Es un círculo vicioso. Por vivir aquí te encasillan como una persona peligrosa o un delincuente, pero no es así», defiende.
