Las quejas de familiares, de los propios usuarios y de las hermanas Hospitalarias, que gestionan el centro residencial para enfermos mentales de la calle Menacho de Badajoz, no han convencido al Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia) para que no se produzca su traslado a una residencia de Olivenza. Ocurrirá este mismo mes, según ha confirmado a este diario la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. La Junta continuará con el proceso de adjudicación una vez acreditada su legalidad por la Comisión Jurídica «y considera que es lo mejor para seguir prestando el servicio asistencial a los residentes». Por todo ello, «si no hay impedimentos, el proceso esperamos concluirlo este mes», asegura.
Un impedimento podrían ser las medidas cautelares que han solicitado en el juzgado las hermanas Hospitalarias el 30 de julio por «los perjuicios y daños psíquicos» de los enfermos afectados por el traslado. Según ha explicado el portavoz de los familiares, Manuel Moreno, en la solicitud aportan testimonios de las familias, cartas al Sepad que enviaron varios usuarios y el documento firmado por todos oponiéndose al traslado, así como el informe de valoración del equipo de salud mental de Valdepasillas y un extracto del tratado de psiquiatría sobre la evolución del suicidio.
El CRR (Centro Residencial de Rehabilitación) de la calle Menacho funciona desde 2007. Empezó con un contrato de 10 años, hasta 2017. La residencia tiene 30 usuarios y otros 8 están en un piso supervisado, al que se trasladan cuando avanza su rehabilitación. Este recurso ahora desaparecerá. Existe otro centro en María Auxiliadora pero funciona exclusivamente como centro de día, que tampoco llevan ya las Hospitalarias, aunque la diferencia es que este recurso sigue estando en Badajoz. Para el CRR quedaron desiertas varias licitaciones y en diciembre pasado salió un cuarto concurso con modificaciones en el pliego de condiciones, entre ellas que hasta entonces el recurso se limitaba a la ciudad de Badajoz y se amplió a localidades hasta una distancia de 30 kilómetros. Se presentaron las Hospitalarias y la residencia Caser de Olivenza, que resultó beneficiaria por la oferta económica, un requisito que reprochan los afectados, pues la diferencia es de apenas 5.900 euros en una subvención que ronda 1,5 millones, según apunta otro familiar, Jacinto Cerezo.
En abril, usuarios y familiares fueron informados del traslado a Olivenza. Los afectados se organizaron y las hermanas Hospitalarias solicitaron medidas cautelarísimas ante el juzgado de lo contencioso «por irregularidades en el proceso de licitación y por el daño que se les va a causar a los usuarios por un traslado de domicilio forzoso con gravísimas alteraciones en su estado físico y mental».
Los familiares solicitaron al equipo de Salud Mental de Valdepasillas su valoración del impacto del traslado, que enviaron a la subdirección general de Salud Mental. Se reunieron además con el Sepad para explicar su desacuerdo por el sufrimiento que iba a generar en estos enfermos la pérdida de su entorno vital durante más de 10 años, toda la inserción social conseguida y la adaptación a un ambiente de aceptación y colaboración con la formación. También recogieron más de 2.000 firmas entre vecinos, comerciantes, familiares y voluntarios.
AYUNTAMIENTO / Las medidas cautelarísimas fueron aceptadas y las Hospitalarias presentaron un recurso ante la Comisión Jurídica de Extremadura, al que se unieron varios familiares. La Comisión Jurídica ya se ha pronunciado a finales de julio desestimando este recurso, también los presentados por familiares, salvo uno que queda pendiente. Tras esta decisión, el Sepad sigue con sus planes de traslado.
Los familiares han llegado a reunirse en dos ocasiones con el concejal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas. Piden al ayuntamiento que facilite algún espacio para adecuar unas instalaciones estables en Badajoz. También están dando pasos con la diputación con este mismo objetivo.
Jacinto Cerezo insiste en alertar del «grave problema» que el traslado puede generar a los usuarios y aduce que el recurso siempre ha estado en Badajoz. Es más, en Extremadura funcionan otros tres CRR, todos en grandes municipios (Plasencia, Cáceres y Mérida,) mientras que ahora el de Badajoz se va a reubicar en Olivenza, a pesar de que el Plan de Salud Mental plantea precisamente que estén en ciudades con más prestaciones y programas para la atención a estos enfermos, para cuyo seguimiento tendrían que viajar a Badajoz. Sobre todo, lamentan que en este asunto tan importante prime el aspecto económico sobre el bienestar de los pacientes. «Si para hacer un tramo de una carretera necesitan 40 informes técnicos, aquí no se contempla ninguno sobre el impacto en personas que son enfermos mentales graves», lamenta este familiar.
