El derecho a la información, a una información veraz, está amparado por la Constitución Española. No serían necesarias leyes ni normas de obligado cumplimiento si todos entendiésemos que es un deber de los administradores hacia los administrados tenerles al tanto de cuanto se cuece en los estamentos públicos, que para eso lo son, y no privados. En el Ayuntamiento de Badajoz no lo tienen muy claro y utilizan la información a su antojo. Mejor dicho, la ausencia de información. Cada día cuesta más obtener datos de la administración que se define a si misma como la más cercana al ciudadano y que, en lo que a transparencia se refiere, se aleja cada vez más de lo que debería ser una obligación grabada con fuego en la frente de todos los que entran a formar parte de la corporación municipal como servidores públicos, de cuya vocación presumen, sobre todo de los que tienen capacidad de decisión porque forman parte del equipo de gobierno.
Menos mal que en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) llevan por bandera que las sentencias son públicas y no han tenido el menor reparo en facilitar la que atañe al superintendente de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz, que reclamaba al ayuntamiento nada más y nada menos que 252.000 euros en concepto de horas extraordinarias, trabajadas desde el día en que tomó posesión hasta mayo de 2018. Si no es por el gabinete de prensa del TSJEx, todavía estarían los ciudadanos esperando saber que el juzgado contencioso administrativo número 2 no le ha dado la razón y se la quita porque deja claro que cuando se cobra dedicación exclusiva no se tiene derecho a horas extraordinarias, sobre todo cuando corresponden a actividades ordinarias. Pero la información no fluye por si misma. Para poder tener acceso al fallo, los medios de comunicación tenemos que enterarnos a priori de que esa decisión judicial existe.
Como tampoco informa el equipo de gobierno de los detalles del acuerdo alcanzado con el sindicato mayoritario de la Policía Local de Badajoz y que ha dado lugar a que se solucione el conflicto que mantenía en vilo la seguridad en la feria de San Juan. Muy satisfactorio ha tenido que ser para que el sindicato mayoritario, Aspolobba, haya dado su brazo a torcer tras semanas atrincherado en la defensa de sus intereses. Solo han contado que habrá equiparación salarial con la Policía Nacional y que todos los mandos van a cobrar el concepto de peligrosidad. Ha bastado una reunión -maratoniana, de casi doce horas- para estrecharse las manos tras meses dándose tortazos. El acuerdo se alcanzó el martes por la noche y ambas partes llegaron al compromiso de que el alcalde, Ignacio Gragera, comparecería el jueves por la mañana para valorarlo. Los medios de comunicación esperábamos que informase de cuánto va a suponer a las arcas municipales (cuyos fondos salen de los bolsillos de los contribuyentes) alcanzar la paz social para celebrar al patrón con tranquilidad. Pero por lo visto el silencio es parte del pacto rubricado. No van a decir ni mu hasta llevarlo a la mesa de negociación con el resto de sindicatos. A buenas horas, si el acuerdo ya está requetecerrado. Algo avergonzaditos deben sentirse de lo que han firmado cuando no se atreven a hacerlo público.
El silencio siempre es sospechoso. Como el que guarda la oposición socialista, que lleva semanas sin pronunciarse sobre asuntos polémicos que atañen a la ciudad. Nada que decir sobre las controvertidas manifestaciones de la presentadora de Los Palomos referidas al popular alcalde Miguel Celdrán. Nada que opinar sobre la sentencia de las horas extraordinarias del superintendente. Nada que valorar sobre el acuerdo alcanzado con la Policía Local del que también quiere beneficiarse el resto de empleados público. Chitón boca, para que no entren moscas.
