Calumniar es acusar falsamente a una persona de un delito sabiendo que es falso. La calumnia es con publicidad cuando la falsa acusación se divulga o difunde. Según el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, éste es el ‘ilícito penal’ que podría haber cometido el concejal socialista Pedro Miranda por unas manifestaciones que realizó en el último pleno del ayuntamiento. Sin dejarlo terminar y viendo por qué derroteros iban sus comentarios, el alcalde le advirtió de que iba a pedir la transcripción de sus palabras y, al día siguiente, confirmó que las trasladaría a los servicios jurídicos municipales para que estudiasen si, como Gragera había advertido, Miranda es culpable de calumnia con publicidad.
La intervención del socialista tuvo lugar en ruegos y preguntas, que es último apartado de cada sesión plenaria, en el que, tras horas de debates infructuosos y demasiadas veces ariscos, sus señorías se relajan y sacan temas de andar por casa que a veces pueden resultar de más calado que los incluidos en el orden del día, al menos a efectos prácticos para la ciudadanía. Pedro Miranda no se caracteriza por morderse la lengua. Momentos antes de que defendiese su ruego, ya el alcalde había comentado que le hacía mucha gracia cómo se comportaban en el pleno, él y su compañero Emilio Pérez, con sus ‘risitas’ burlonas. Lo que demuestra que no existe, aparentemente, animadversión entre Gragera y Miranda, al menos eso se desprende del desarrollo de los plenos, a pesar de la forma que tiene el socialista de blandir sus cuitas, con el puño apretado a punto de soltar la piedra.
El ruego de Miranda objeto de esta última polémica trataba sobre la rotonda de la avenida de Elvas que el ayuntamiento tiene que desplazar 50 metros para colocarla en el lugar que figura en el planeamiento urbanístico. Un traslado que cuesta la friolera de un millón de euros. Estos pocos datos son suficientes para infundir, si no sospecha, sí indignación en el ciudadano de a pie. La rotonda se colocó mal cuando el Ministerio de Fomento desdobló la avenida en 2003. El actual Plan General Municipal (PGM) está en vigor desde 2007 y cuando el ministerio situó la glorieta aún se estaba tramitando. Nueve años han pasado. Entretanto, el ayuntamiento recepcionó la obra y asumió su titularidad, con lo cual, cualquier actuación debe ser financiada con fondos municipales. Ya ha licitado el proyecto.
Algo se nos escapa a los ignorantes de los procedimientos urbanísticos. El sentido común y la más simple de las lógicas lleva a razonar que la actuación del ministerio en la avenida de Elvas debería haberse acoplado en aquel momento al plan que se estaba redactando o tramitando, o al contrario. Nadie puede entender que ahora los contribuyentes tengamos que asumir un millón de euros para recolocar una rotonda por falta de previsión, de planificación, por las prisas, por las pausas, por desgana, por ignorancia o porque el que tomó la decisión no tenía un buen día. Mientras no se ha construido en la margen izquierda de la avenida, nadie se había vuelto a acordar. Ahora que esta zona de la ciudad está en pleno desarrollo, los promotores apremian. La avenida perpendicular tiene que enlazar con la de Elvas en la rotonda tal como figura en el planeamiento y no son los empresarios los que ponen las condiciones, sino el PGM, al que ellos han tenido que ajustarse a rajatabla a la hora de levantar sus edificios.
Miranda sacó este asunto en el último pleno con el tono y la sorna que lo caracteriza, dejando caer que en este tema ha prevalecido el interés particular de los promotores al general de la ciudad. De estas palabras se podría desprender que acusaba al gobierno municipal de especulación urbanística, cuando lo único que ha hecho el actual equipo es arreglar lo que sus predecesores dejaron pendiente. A Miranda no le falta razón. Sembrar dudas a estas alturas, cuando el traslado ya está en marcha, de poco va a servir. Pero algo no cuadra en esta redonda y lo mal hecho, mal parece.
