Cuando una ley carece de humanidad, esa ley es mala y debe adoptar la sensibilidad necesaria para que se entienda que los procedimientos administrativos no solo atienden a empresas, proveedores, licitadores o adjudicatarios, sino, sobre todo, a personas. Desde que en marzo de 2018 entrara en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) se veía venir que algunos contratos se sacan a concurso sin pensar en las personas, solo en los números. Me temo que es lo que ha ocurrido con las 38 personas -que no son una cifra, que no son paquetes, una obra en la calle o una actividad cultural- que son atendidas en la Residencia de las Hermanas Hospitalarias en la calle Menacho de Badajoz. Son personas con enfermedades mentales de distinta gravedad y estaban allí desde 2007, cuando la ciudad no contaba con recursos para atenderlas. Durante estos años, se han integrado en el barrio, yo mismo los he visto paseando, sentados en los bancos de parques y plazas, adquiriendo servicios y productos en las tiendas de la zona. Tenían una vida, una estabilidad, normalidad ciudadana. Y, ahora, efectivamente, cumpliendo la ley, pero, me temo, que, de manera excesivamente rigurosa y fría, probablemente, un funcionario en la Junta de Extremadura elaboró un pliego de condiciones, inicio un procedimiento, puso aquello de que en Badajoz o en un ratio de 30 kilómetros y resulta que sale como adjudicataria una residencia que está a las afueras de Olivenza. Es decir, usando a las personas como mercancía, las sacan de su hábitat, de su entorno familiar y vecinal, de su zona de confort y las mandan al campo, con lo que puede suponer eso de desestructuración familiar, personal y mental. Un trastorno de libro para pacientes y familiares. Y, para más inri, con el agravante de que el contrato termina en dos años y otra vez a hacer las maletas sabe Dios a dónde o de acuerdo con el criterio que ponga el funcionario de turno. No es de extrañar que la Asociación Pacense de familiares y personas con enfermedad mental (Apafen), trabajadores y residentes hayan puesto el grito en el cielo. Aquellos a los que se les llena la boca con lo de la conciliación, la solidaridad y los derechos humanos no han tenido humanidad para tratar un asunto que se escapa de letras y cifras y, más que nada, de procedimientos administrativos. Tal vez hayan cumplido con la ley, sí, pero se han olvidado del perjuicio a personas vulnerables. ¿De verdad que no había otra manera de hacerlo? ¿De verdad que no existe otra fórmula donde se tenga en cuenta a las personas y a sus familiares o vamos a precio y que sea lo que Dios quiera?
