Un cabo mayor y tres cabos primera de la base militar 'General Menacho' de Bótoa, en Badajoz, están implicados en un caso de presunta malversación, organización criminal y delito contra la hacienda pública tras haber realizado presuntamente un fraude de combustible con la participación de distintos empleados de gasolineras enTrujillo y Riolobos, ambos en la provincia de Cáceres.

El caso lo llevará el Juzgado Togado Militar Territorial nº 12 de Madrid. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo, que ha resuelto el conflicto de jurisdicción que se había producido entre ese juzgado militar y el Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz.

El Puesto de la Guardia Civil de Valdebotoa-Badajoz incoó, con fecha 28 de mayo de 2020, un atestado por la presunta comisión de los delitos continuados de malversación, organización criminal y contra la hacienda pública. En el caso estaban implicados cuatro militares profesionales destinados en el Grupo Logístico de la Base General Menacho y varios civiles, empleados de estaciones de servicio de las localidades de Trujillo y Riolobos, considerados cooperadores necesarios en la comisión delictiva de los referidos delitos. La investigación era referida al posible falseado de la cantidad de combustible que se dispensaba a vehículos militares en diferentes rutas.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz, por auto de 5 de junio de 2020, acordó la incoación de las diligencias previas de procedimiento abreviado. Tras la emisión de un informe sobre competencia por parte del Ministerio Fiscal, por auto de fecha 2 de julio de 2020, el juzgado de Badajoz se inhibió del conocimiento del procedimiento a favor de la jurisdicción militar. Una vez recibidas las actuaciones en el Juzgado Togado Militar Territorial nº 12 de Madrid, por auto de 20 de julio 2020 se acordó la formación del sumario.

Tras el informe favorable de la Fiscalía Jurídico Militar, mediante auto de 28 de julio 2020, se aceptó la inhibición acordada, por considerar que los hechos podían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio en el ámbito militar, contemplado en el artículo 82 del Código Penal Militar.

Sin embargo, después de haberse acordado en dos ocasiones la ampliación de las diligencias de investigación frente a otros civiles empleados de otras estaciones de servicio, también considerados como cooperadores necesarios de la trama delictiva, con lo que ya once los civiles investigados, mediante auto de 29 de noviembre de 2022 el juzgado militar propuso al Tribunal Militar Territorial Primero el sobreseimiento provisional de la causa respecto de seis de ellos, al no habérseles tomado declaración antes de la expiración del periodo de instrucción contemplado en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, continuándose conforme a derecho respecto a los demás investigados.

Tras la práctica de diversas diligencias de investigación, el Juzgado Togado Militar Territorial Militar Territorial nº 12, por auto de 11 de abril de 2023, acordó la inhibición del sumario a favor del Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz. Sin embargo, el juzgado pacense, por auto de 15 de mayo de 2023, acordó rechazar esa inhibición. Ahora, el Tribunal Supremo, en una sentencia de fecha 19 de octubre de 2019, que ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha fallado resolver el conflicto de jurisdicción a favor del juzgado militar.