Seis años de cárcel. Es lo que solicita la acusación particular para tres acusados de la «doble estafa» de la que presuntamente fue víctima en el año 2016 el propietario de una explotación agrícola de la pedanía pacense de Gévora, tras no recibir los 163.847 euros en lo que estaba valorada las verduras y hortalizas que vendió a una empresa ni ser cubierto por la financiera con la que supuestamente suscribió una póliza para garantizar el cobro de la mercancía en caso de impago.
La acusación particular, que ejerce el abogado José Luis Díaz, pide, además, que los tres investigados, junto a las dos sociedades a las que representaban, la mercantil que compró la cosecha al agricultor y la aseguradora, indemnicen a su cliente de forma conjunta con los 163.847 euros en los que se valoró la mercancía, más otros 50.000 por los daños morales, personales y sociales al agricultor.
Arruinado
«Se quedó completamente arruinado y tuvo que vender hasta su casa», aseguró Díaz. En este sentido, aseguró que su cliente «no cobró ni un euro», ya que recibió pagarés sin fondos por los primeros camiones de verduras entregados, tras lo que cortó los siguientes envíos y perdió el resto de la mercancía, que se estropeó y no pudo vender a terceros.
La fiscalía, por su parte, pide 5 años de prisión para los procesados, y las defensas, la absolución de sus representados, que niegan los cargos que se les imputan.
La versión de la abogada de uno de los acusados y representante de la empresa que adquirió la cosecha, María del Carmen Contreras España, es completamente diferente. Según aseguró, fue la empresa del agricultor la que propició el negocio y su defendido no pagó la mercancía que recibió porque estaba en «mal estado», situación de la que advirtió previamente al denunciante. «No hay ningún ilícito penal; en todo caso, una reclamación mercantil por su vía, si procede, pero por parte de mi representado no ha existido ánimo de estafa ni provecho», argumentó la letrada.
Retirar los cargos
En cuanto al investigado por el presunto delito de estafa de seguro, según su abogado, Manuel Díaz Sanguino, su cliente es completamente ajeno a estos hechos, pues ni siquiera existe una póliza, sino que contrató con una entidad extranjera una carta de crédito internacional, que no llegó a activarse «por un error del propio banco del agricultor».
Asimismo, aseguró que su representado solo medió en la gestión con la aseguradora, sin llevarse ninguna comisión, y que la documentación que han aportado a la causa deja claro que las acusaciones que se hacen contra él «no tienen ni pies ni cabeza». Por este motivo, Díaz Sanguino solicitó en sala que se retiraran los cargos contra su cliente.
El juicio por estos hechos estaba previsto este lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz, pero la vista se suspendió debido a la incomparecencia por enfermedad de una de las procesadas y de un testigo de la acusación particular considerado «esencial».
El tribunal, tras escuchar a la partes, decidió aplazar el juicio hasta el próximo 10 de abril, no sin antes advertir al abogado de la acusada ausente que un forense examinaría la documentación médica para acreditar si estaba imposibilitada para asistir. En caso contrario, se ordenará su busca y captura e ingreso en prisión, «porque no aceptamos la mala fe procesal», avisó el presidente de la sala.
