La Audiencia Provincial de Badajoz pedirá al Ministerio de Justicia que se refuerce la seguridad en su sede de la avenida de Colón tras la batalla campal que se vivió el miércoles en el vestíbulo, donde más de una veintena de personas se enfrentaron en una pelea con palos y sillas antes de un juicio por un tiroteo entre dos clanes familiares ocurrido en San Roque en 2020. Lo sucedido ha puesto en evidencia que es «necesaria» más vigilancia, razón por la que, a partir de ahora, el presidente del tribunal valorará cada caso y solicitará más vigilancia en el edificio cuando se celebren juicios «complicados».

Así lo aseguraron ayer a este diario fuentes de la Audiencia Provincial, que subrayaron la «trascendencia» de tomar medidas para evitar situaciones que puedan afectar al orden público. Desde el traslado de los juzgados al nuevo palacio de justicia de Ronda Norte, en el edificio de Colón solo se ha quedado el máximo órgano judicial de la provincia y la seguridad ha quedado reducida a dos guardias civiles para controlar la entrada principal. Antes, había también, al menos, otro agentes de este cuerpo en el acceso trasero, y dos vigilantes de seguridad en el turno de mañana y otros dos en el de tarde, cuyo número se incrementaba si había juicios «conflictivos».

Tras lo sucedido el miércoles, ayer último día del juicio, la presencia policial en la sede de la Audiencia se multiplicó. En el exterior del edificio había varias patrullas de agentes de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR) de la Policía Nacional y en el interior, tres agentes de la Guardia Civil controlaban el acceso. También se encontraban cuatro policías de Seguridad Ciudadana en la sala de vistas -uno de ellos en medio de los acusados- y un vigilante de seguridad privada. No se registraron incidentes ni fuera ni dentro del inmueble.

Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la entrada de la Audiencia de Badajoz, este jueves. S. GARCÍA

En la pelea hubo varios heridos, todos de carácter leve. El principal acusado en esta causa, imputado por un presunto delito de tentativa de homicidio, fue uno de los más afectados, con una brecha en la cabeza, por la que tuvo que recibir seis puntos de sutura, y una luxación en un hombro, por la que ayer llevaba el brazo un cabestrillo. También necesitó atención médica uno de los guardias civiles del control de acceso, que sufrió una lesión en una mano.

La pelea comenzó en el vestíbulo de la planta baja, pero algunos de los implicados llegaron a acceder a la primera, donde se encontraban los magistrados, abogados, funcionarios y un numeroso grupo de estudiantes de primer curso de Derecho que asistían público al juicio durante los dos días. Su tutor les había dicho antes de los incidentes que no olvidarían su primera experiencia en la Audiencia, sin presumir que vivirían este importante altercado en directo.

Este jueves, más tranquilos, asistieron a la última sesión del juicio, que quedó visto para sentencia. La fiscalía mantuvo sus peticiones de pena para los cinco procesados: 10 años de cárcel para el principal acusado de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas; y 15 meses de prisión para tres investigados por tenencia ilícita de armas; y 2 años y tres meses para el cuarto por este mismo delito al ser reincidente.

La defensa del primero, José María Pedregal, solicitó su absolución, al considerar que ha quedado probado que su cliente ni disparó ni portaba un arma.

No comparte esta valoración el abogado de los otros cuatro imputados, José Duarte, quien defendió la inocencia de sus representados en los hechos juzgados, que solicita que sean absueltos pues, según señaló, a la vista de las pruebas se ha demostrado "que el principal acusada efectuó los disparos con un arma corta", que no fue hallada por los investigadores.

En caso de que sus clientes no resulten absueltos, Duarte ha pedido al tribunal que eleve una cuestión de inconstitucionalidad antes de dictar sentencia, alegando que a sus defendidos se le está juzgando como si hubieran llevado armas de fuego, cuando no era así, sino que lo que se les intervino fueron «útiles» que estaban en el vehículo en el que circulaban, que no usaron y cuya existencia desconocían porque el coche era «prestado y no suyo», expuso.