La consolidación y rehabilitación del puente de Cantillana está en los programas electorales. Solo en papel, porque la realidad es que han pasado cinco meses desde que el 14 de diciembre de 2022 la crecida del río Gévora por las abundantes lluvias de la borrasca Efraín derribó parcialmente el histórico puente del siglo XVI. En este tiempo no se ha avanzado nada en su recuperación. El Ayuntamiento de Badajoz sigue en la fase de inmatricular el bien y el expediente puede tardar todavía entre «dos y tres meses». Es lo que puede decir el concejal de Patrimonio Jaime Mejías. «Una vez que se inmatricule, podremos actuar sobre el puente», comenta.

Inmatricular significa inscribir por vez primera un bien inmueble en el registro de la propiedad. Mejías señala no se sabía si la propiedad del puente correspondía a la Junta, al Estado o al ayuntamiento. «Nosotros -aduce- hemos comprobado que nuestro no es, está en un limbo y lo que está haciendo la Concejalía de Patrimonio es inmatricularlo, porque no queremos evadir responsabilidades, queremos que sea nuestro y cuando lo sea, poder actuar», recalca. 

El puente de Cantillana fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Extremadura en septiembre de 2022, por el empeño de la asociación Amigos de Badajoz, colectivo que cuando sucedió el derrumbe culpó de lo ocurrido a la «desidia» de las Administraciones. El desastre provocado por la borrasca Efraín en diciembre hizo reaccionar al ayuntamiento y al Gobierno regional, pero en el gobierno local se quedó en anuncios de lo que se iba a hacer y que todavía no se ha hecho.

Mejías recuerda que cuando se produjo el derrumbe lo primero que hizo el ayuntamiento fue comunicárselo a Patrimonio de la Junta «que nos mandó un informe donde nos decía que había desperfectos, como ya sabíamos».

El documento de la Junta se elaboró tras una visita de los técnicos de Patrimonio a finales del mes de enero e indica, entre otras conclusiones, que el cauce a ambos lados del puente «se encuentra colmatado de vegetación, por lo que es muy probable que, ante una nueva riada, se vuelvan a producir taponamientos de los arcos con la presión sobre la estructura del puente y nuevos colapsos». El informe de Patrimonio es un relato descriptivo de todos los desperfectos que presenta el puente. Sobre el último derrumbe, señala que la presión ejercida por el agua y los materiales de arrastre «ocasionaron un descalce evidente en la cimentación provocando la rotura, desplome y arruinamiento de las pilas y la fragmentación de la última bóveda en grandes bloques». Además, «algunas pilas y arcos presentan giros y desplazamientos parciales entre los sillares, causados probablemente por descalces y asientos de su cimentación». Existen también «grietas en las fábricas exteriores del puente, algunas de más de un metro de longitud». Otras afecciones que destacan son el crecimiento de «abundante vegetación» en el tablero, que enraíza en las juntas del empedrado y de los pretiles «produciendo la disgregación de los materiales». Incluso han observado árboles en medio del puente «de más de dos metros de altura, afectando al material de relleno bajo el pavimento». En el intradós de las bóvedas se aprecian «abundantes manchas de humedad debido a la filtración de agua por su tablero y es evidente también la pérdida de los rejuntados en ladrillos y sillerías, así como deformaciones en los arcos, debido tal vez a reparaciones precipitadas». Según la Junta, este informe fue compartido con el Ayuntamiento de Badajoz en una reunión el pasado mes de febrero. Una reunión de la que el concejal de Patrimonio asegura no tener constancia.

Según Mejías, el informe es «bastante decepcionante» porque no calcula la reparación de los daños. Apunta que el ayuntamiento tuvo que encargar a un estudio de cuantificación , «que era lo que pedíamos a la Junta».  El estudio que realizó el ayuntamiento constata que se requiere un proyecto que costaría 50.000 euros y la obra de consolidación de la estructura, en torno a los 300.000. A partir de ahí quedaría la rehabilitación, para la que el alcalde, Ignacio Gragera, pidió la implicación de otras administraciones.

Pero Mejías insiste en que «para poder actuar tenemos que inmatricular el bien y los compañeros del departamento de Patrimonio están trabajando en ello, no es una gestión fácil, porque con un bien catalogado como BIC no es sencillo», asegura.

En 2019 el pleno aprobó que el ayuntamiento asumiese la titularidad del puente. «Hasta que la propiedad no sea del ayuntamiento no podemos llevar a cabo ninguna obra de rehabilitación ni acceder a ninguna subvención que pueda destinarse al arreglo del puente», insiste Mejías. Una vez que el ayuntamiento tenga la titularidad, encargará el proyecto y a partir de ahí comenzará las obras «que es nuestra intención, pero los procesos son lentos en la Administración, también a nivel registral», reconoce el concejal.