Vecinos de la carretera de Sevilla urgen agua potable y saneamiento

Los vecinos del paraje de San Gabriel, en el kilómetro 1,700 de la carretera de Sevilla, llevan años acarreando agua para beber y cocinar porque la que mana de sus pozos no es apta para el consumo humano. Han perdido la cuenta de las veces que han tenido que renovar sus calentadores y lavadoras por las averías que les provoca la cal y deben vigilar constantemente el nivel de las pozas, cada vez más secas, para que el agua llegue a todos. Por si esto fuera poco, en algunas viviendas tampoco disponen de red de saneamiento y tienen que hacer uso de fosas sépticas.

Aseguran que están cansados de mantenerse callados ante esta situación y urgen al Ayuntamiento de Badajoz que, aproveche las obras de desdoblamiento de la carretera de Sevilla, para dotar de estos servicios a las 24 viviendas, donde viven cerca de 80 vecinos. «Con todo lo que se va a levantar delante de nuestras casas sería una obra menor y menos costosa traer el agua potable y el saneamiento», defienden los propietarios, que esperan desde hace años.

Los afectados confiaban en que, como se les dijo hace tiempo, que sus problemas se resolverían cuando se desdoblara la carretera de Sevilla, porque el proyecto incluiría la conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento. Pero la obra está a punto de comenzar -a finales de mes, según les han comunicado- y en la memoria de Demarcación de Carreteras del Estado no se recoge ninguna actuación en este sentido. En este organismo les han dicho que es competencia del ayuntamiento, pero el consistorio no parece darse por aludido. 

Tras el escrito que los afectados acompañaron con decenas de firmas en octubre del año pasado, la Inspección de Aguas Municipal les respondió que , según el Plan General Municipal, las redes están ubicadas en un espacio libre público, por lo que no pueden ser objeto de suministro. Los vecinos señalan que, de manera informal, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, les ha transmitido posteriormente que lo estudiarán, pero sin ningún compromiso firme. Por eso, la semana pasada han vuelto a solicitar entrevistas con el propio Urueña, el alcalde, Ignacio Gragera, y Demarcación de Carreteras. Este diario solicitó información al ayuntamiento sobre esta demanda, pero, pese a la insistencia, no obtuvo respuesta.

Los afectados no están dispuestos a seguir soportando una situación que califican de «tercermundista» ni a que se cercenen sus «derechos», por eso aseguran que si sus reivindicaciones no son atendidas, se movilizarán. Ya piensan en concentrarse ante el ayuntamiento, colocar carteles en sus parcelas e incluso cortar la carretera. 

Los vecinos del paraje de San Gabriel se quejan de que mientras ellos no disponen de los servicios más básicos, pese a que sus casas se construyeron hace décadas -la primera se levantó hace 70 años-, las urbanizaciones del entorno, que han surgido mucho después, sí cuentan con ellos. Hay casos curiosos como el de Jenaro García y María Eusebia Sala: en su casa no tienen conexión a las redes de saneamiento ni abastecimiento, pero su parcela linda pared con pared con otra de Las Lomas que dispone de ambos. «A cinco metros de mi casa tienen agua potable y desagüe y yo no tengo», lamentan, mientras que recuerdan que la conexión a la red general de aguas residuales no dista más de 20 metros de su propiedad.

«¿Somos ciudadanos de segunda?», se preguntan estos propietarios, que remarcan que sus viviendas son «legales» y que pagan un elevado IBI -en algunos casos hasta 850 euros- «para no tener de nada», critica Verónica Domínguez, otra vecina. «Nada más que servimos para pagar», añade José Manuel Rodríguez, otro de los afectados.

Esta situación no solo condiciona el día a día de estas familias -para la gran mayoría estas viviendas son su primera residencia- , sino que también afecta al valor de sus propiedades, en caso de que quisieran venderlas. «No valen nada sin agua», asegura María del Carmen Fuentes..

Los residentes del paraje de San Gabriel defienden que con «voluntad política» se puede resolver su problema y reclaman que si es necesario cambiar el PGM, se modifique, porque se trata de salvaguardar los derechos de unos ciudadanos que se sienten «discriminados y abandonados».