Último pleno de la legislatura en Badajoz: bronca dentro y protestas fuera

Bronca dentro y protestas en la puerta. El último pleno de la legislatura en el Ayuntamiento de Badajoz no ha estado exento de reproches y quejas. Si en el salón de plenos eran los grupos políticos los que se tiraban los trastos a la cabeza, en la plaza de España hubo hasta tres concentraciones para denunciar la gestión del equipo de gobierno.

Entre los varios enfrentamientos que mantuvo el alcalde Ignacio Gragera, uno de los más broncos fue con Erika Cadenas, que le tachó de «cacique» al no admitir a pleno las mociones de Unidas Podemos. También se enzarzó con el concejal socialista Pedro Miranda a causa de la inmobiliaria municipal. La tensión estuvo patente durante todo un pleno que se vivió en clave electoral: su hasta ahora socio de gobierno, Alejandro Vélez, acusó a Gragera en repetidas ocasiones de utilizar su puesto de presidente para «hacer mítines». 

Mientras, en la calle, convocados por la asociación vecinal de Suerte de Saavedra, unas 50 personas se concentraban ante el ayuntamiento para denunciar la «nefasta» gestión de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi), que ha dejado sin los proyectos ‘estrella’ a los barrios al norte de las vías del tren y a la propia Suerte de Saavedra. Citaron el parque de la Viña -que lleva dos años en obras-; el centro cívico de Padre Tacoronte o el centro social y deportivo, cuyo concurso quedó desierto. El alcalde aseguró que no se pierden los fondos, sino que en unos casos se reinvertirán, mientras que en otros los proyectos siguen adelante y si no terminan en plazo (31 de diciembre de 2023), el ayuntamiento asumirá la financiación que reste.

También se concentraron ante el ayuntamiento familias que ‘okupan’ 8 pisos de los bloques de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra para reclamar el acceso al agua. «Somos rescatadores de viviendas, no ‘okupas’, porque hemos entrado en casas que estaban abandonadas, no las hemos quitado a nadie», defendió Rocío Mejías, quien cree que Junta y ayuntamiento actúan en connivencia para se marchen. Gragera lo negó y explicó que, pese a su «complicada situación», no se les puede dar de alta porque residen en los pisos ilegalmente.

Por su parte, los monitores de la Fundación Municipal de Deportes entregaron más de 3.300 firmas para exigir que se amplíen las escuelas deportivas de septiembre a junio y también sus contratos (ahora solo de 8 meses). El alcalde se mostró receptivo y aseguró estudiará la propuesta.