El macrojuicio contra 30 acusados de tráfico de drogas y blanqueo en Badajoz comienza el lunes

El macrojuicio contra 30 acusados de tráfico de drogas y blanqueo de capitales comenzará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz. Está previsto que se prolongue hasta el 21 de abril, con sesiones de mañana y tarde, debido a la gran cantidad de testigos y pruebas. La fiscalía, que les imputa también los delitos de pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas, solicita para ellos penas de entre 6 y 24 años de cárcel y multas millonarias. Por su parte, las defensas han planteado la nulidad de los registros domiciliarios, de las intervenciones telefónicas y han impugnado los informes toxicológicos, es decir, las principales pruebas de cargo contra sus clientes.

Como ya avanzó este diario, los procesados fueron detenidos en 2018 por la Policía Nacional, en la operación Granero que se desarrolló en la barriada del Cerro de Reyes y contó con la participación de agentes de Badajoz, Galicia e incluso un helicóptero. Fueron arrestadas 32 personas y se registraron 15 domicilios, en los que se incautaron un kilo de cocaína, 1,5 de marihuana y otras sustancias estupefacientes por valor de más de 190.000 euros, además de armas, vehículos y 18.685 euros en metálico presuntamente procedentes de la venta de droga.

Según el ministerio público, se trata de un clan familiar, con una estructura jerarquizada que, desde al menos el año 2010, controlaba la distribución de sustancias estupefacientes en esta barriada de Badajoz, para lo que habían diseñado un "entramado" de personas que trabajaban para ellos y puntos de ventas de droga. La fiscalía, en su escrito de calificaciones provisionales, señala que el grupo empleaba métodos violentos, como agresiones y secuestros, para mantener su dominio en la zona, ocultar sus beneficios y evitar cualquier control policial.

Para el fiscal, los cabecillas del clan son un hombre y una mujer, matrimonio, encargados de comprar la droga para distribuirla después por tres puntos de ventas: dos domicilios y un gallinero, por los que se pasaban cada noche para recoger el dinero obtenido. Las instalaciones contaban con todo tipo de medidas de seguridad, como rejas, verjas y en en alguno de ellos videocámaras. También contaban con un sistema propio de comunicaciones, a través de videollamadas, para hablar entre ellos y eludir las intervenciones telefónicas.

El grupo funcionaba con varios niveles de mando. Así, el ministerio público apunta que en la escala de mando, tras los cabecillas, estaban dos de sus familiares, encargados de controlar los puntos de venta y preparar, ayudados por otra persona, la cocaína ‘base’ para grandes toxicómanos que se distribuía en el 'gallinero'. También uno de los 'segundos' supervisaba el el transporte de la droga desde los puntos donde la almacenaban hasta los de venta, así como de «infundir temor hacia el clan» y de intervenir en caso de conflicto con los compradores o los propios vendedores, usando, si era preciso, «medios violentos o coactivos». Otros dos miembros de la familia se ocupaban de abastecer otro de los puntos de venta de droga. Además, en sus domicilios almacenaban la droga.

Según la fiscalía, ni los cabecillas del grupo -en cuyos escalones más bajos se situarían vendedores, los vigilantes o ‘aguadores’ y recaderos - ni otros muchos de los investigados tienen actividad laboral conocida que justifique el alto nivel de vida que exhibían y los bienes que poseían, que en la mayoría de los casos adquirieron pagando grandes cantidades de dinero en efectivo y recurriendo a testaferros para ocultar «que son los verdaderos dueños" de los vehículos y las viviendas que utilizaban para traficar con la droga.

El clan, según el ministerio público, habría adquirido propiedades inmobiliarias por un valor superior a los 2,5 millones de euros y 12 vehículos, algunos alta gama. Además efectuó gastos acreditados con facturas por más de 133.000 euros.

La fiscalía solicita para 10 de los acusados, entre ellos los cabecillas, 15 años de prisión y una multa de 700.000 euros por un delito contra la salud pública y organización criminal; y para otros 15 procesados, 11 años de cárcel y multa de 500.000 euros por los mismos delitos. A diez de ellos también se les imputa, junto a otras cuatro personas más, un delito de blanqueo, por el que la fiscalía solicita para todos 6 años de prisión y una multa de 7,5 millones de euros. Además, a cinco de los investigados se les acusa de tenencia ilícita de armas (3 años de prisión), por lo que en su caso la petición de cárcel se eleva hasta los 24 años. Hay otro acusado que se enfrenta por este mismo delito y dos de atentado a agentes de la autoridad (está acusado de agredir a dos policías durante la operación policial) a 8 años de prisión. Todos están en libertad con cargos.