Badajoz tendrá que devolver a la Junta los 2 millones de euros aportados a la piscina de la margen derecha

El Ayuntamiento de Badajoz tendrá que devolver a la Junta de Extremadura los 2 millones de euros que la Administración regional ha aportado hasta la fecha para la construcción de la piscina de la margen derecha, cuyas obras están paradas desde hace un año, cuando la UTE adjudicataria de los trabajos solicitó la rescisión del contrato por no poder afrontar el incremento de los costes de los materiales. El alcalde, Ignacio Gragera, anunció este martes que se licitará un nuevo contrato para concluirlas.

Fue el portavoz del grupo municipal socialista, Ricardo Cabezas, quien este miércoles informó de que el convenio firmado por ambas administraciones en 2017 para cofinanciar este proyecto cumplirá - tras cuatro prórrogas extraordinarias- el próximo 30 de mayo. Si en esa fecha, la nueva piscina no está terminada, el ayuntamiento tendrá que reembolsar a la Junta «hasta el último céntimo», dijo el líder del PSOE, quien acusó al equipo de gobierno de no haber actuado antes para buscar una solución, a pesar de conocer esa claúsula.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, no fue tan tajante como el portavoz socialista, a la vista de que el convenio aún le quedan dos meses de vigencia. Pero su respuesta tampoco deja dudas. «La prórroga vigente actual finaliza el 30 de mayo de 2023, fecha que, como máximo, debe coincidir con la finalización de la construcción de la piscina de la margen derecha y ser presentada su acta de recepción». 

Esto es a todas luces inviable y, aunque la consejería no se refirió directamente a la devolución de los 2 millones de euros, si apuntó que en el caso de que el Ayuntamiento de Badajoz «no pudiese cumplir con los acuerdos firmados y, por tanto, se produjese un incumplimiento del convenio por su parte, tendrían que aplicarse las estipulaciones referidas a ese punto en el convenio firmado, y que son conocidas por las entidades firmantes». Es decir, que el dinero se debería de reembolsar, porque esa condición existe, pues así viene establecido en la Ley de Subvenciones.

La consejería recordó que el convenio inicial finalizaba el 31 de diciembre de 2019, pero que «por cuestiones ajenas» al Gobierno regional y siempre a petición del Ayuntamiento de Badajoz, se ha prorrogado hasta en cuatro ocasiones, lo que demuestra, según defendió, «su predisposición» a que este proyecto salga adelante. 

La obra de la piscina se adjudicó en 4,8 millones de euros y el compromiso entre el ayuntamiento y la Junta era que esta última aportara 2, 5 millones. Ya ha desembolsado 2 millones -los únicos que se han invertido hasta la fecha, según Cabezas- y faltarían otros 500.000, previstos para la anualidad de 2023 y contemplados en los presupuestos generales de la comunidad. Sobre esta última partida es la adenda que ahora está en vigor, pero el convenio establece que esta cantidad no se abonará hasta que el ayuntamiento justifique la aportación municipal y la finalización de la obra.

Voluntad

Gragera ya reconoció que dada la actual situación en la que se encuentra el proyecto no se puede hablar de plazos. Este miércoles, preguntado por las declaraciones del concejal socialista, volvió a insistir en que se trata de que exista «voluntad» por parte de ambas administraciones para dar continuidad al proyecto y al convenio para concluir unas instalaciones que no solo son de la ciudad, «sino de la región», repitió. En este sentido, confió en poder encontrar una fórmula jurídica que evite que haya que devolver esos 2 millones de euros. «Todo estará en qué intención tiene la Junta».

Sin embargo, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes aseguró que hasta la fecha no ha habido ninguna comunicación, solicitud oficial o propuesta por parte del ayuntamiento pacense sobre cómo resolver esta situación, que si llega, «lógicamente sería estudiada» como se ha hecho siempre por el «compromiso» que tiene la Junta con Badajoz y con este proyecto, «que siempre ha apoyado», recalcó.

Cabezas se mostró menos optimista con hallar una solución a corto plazo, por la «inacción» del equipo de gobierno, al que reprochó que no hiciera caso de sus advertencias. En este sentido, defendió que si, como el PSOE planteó, se hubiera rescindido el contrato a la UTE en julio del año pasado, se podría haber sacado la finalización de la obra a concurso y, con los trabajos en marcha, se podría negociar una adenda más. «Pero están paralizados y no cabe ningún tipo de prórroga más», lamentó.

El portavoz socialista señaló que la única opción para no perder ese dinero es que, una vez pasadas las elecciones, se retome la negociación con la Junta de Extremadura para firmar otro convenio y recuperar esos fondos. Ahora, según dijo, el alcalde solo puede «pedir disculpas y agachar la cabeza».