Juzgan al acusado de un incendio forestal que arrasó 360 hectáreas en Puebla del Maestre

El vecino de Llerena acusado de provocar un fuego forestal que, en julio de 2017, arrasó casi 360 hectáreas de en el termino municipal de Puebla del Maestre se sentará la próxima semana en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz para ser juzgado por este delito y presuntas amenazas colectivas contra vecinos de esta última localidad.

Como ya informó este diario,

: 4 años y 6 meses y una multa de 20 meses con cuota diaria de 10 euros por el delito de incendio forestal agravado, en concurso con uno de daños por fuego; y otros 6 años de cárcel por amenazas condicionales agravadas. Además, pide que al procesado se le imponga la prohibición de residir o entrar durante 11 años a Puebla del Maestre, municipio al que desde el 31 de julio de 2017 no puede acercarse a menos de 500 metros, como medida cautelar.

Asimismo, el ministerio público reclama que el imputado indemnice a la Junta de Extremadura con 8.233, 49 euros por los gastos de extinción del incendio, así como con distintas cantidades a los 18 propietarios de parcelas y fincas que se vieron afectados por las llamas. Dos de ellos solicitan 93.652,32 y 54.220,83 euros, respectivamente, y el resto la cantidad que se determine en sentencia. 

En su escrito de calificaciones, el fiscal señala que el acusado, que se dedicaba a la recogida de leña en fincas de terceros, pedía a los vecinos de Puebla del Maestre que lo dejaran acceder a sus propiedades con este fin, advirtiendo a quienes no lo autorizaban de que sus fincas podían arder. Además, añade, el investigado iba diciendo por el pueblo que quemaría las parcelas de los agricultores que le negaran el paso.

Según el ministerio público, después de que algunos de ellos no atendieran sus requerimientos, el 13 de julio de 2017, el investigado, como represalia, «aplicó una fuente de calor directa en el combustible seco y abundante de pasto fino» en una finca del paraje Los Cotos, repitiendo acto seguido la misma acción en dos puntos de la Dehesa de Arriba, originando así el incendio que arrasó 358 hectáreas :16,69 de bosque de encina; 204,64 de dehesa de encina; 71,6, de pastizales; 34,46 de tierras agrícolas; y media hectárea de terreno improductivo.

En septiembre de 2022, se convocó a las partes para alcanzar una sentencia de conformidad, pero el abogado del acusado no aceptó la propuesta del fiscal de que se impusiera a su defendido la pena de 5 años de prisión. Entonces, la defensa argumentó que a su cliente se le habían imputado los hechos sin que existieran pruebas contra él, sino «por meras conjeturas y habladurías» de los vecinos sobre las que la Guardia Civil había desarrollado «una teoría delictiva».