El juicio contra un preso de la cárcel de Badajoz acusado de violar a su compañero de celda la madrugada del 3 de noviembre de 2018 quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz. Por estos hechos, la fiscalía solicita 10 años de prisión para el procesado. La acusación particular, en manos de Manuel Durán, eleva esta pena a 15 años, al entender que existen los agravantes de reincidencia -ya ha sido condenado en tres ocasiones por delitos contra la libertad sexual de menores- y de especial vulnerabilidad de la víctima -en ese momento en tratamiento médico por problemas de salud mental-. 

Además, las acusaciones reclaman 8.000 y 20.000 euros de indemnización respectivamente, y plantean que Instituciones Penitenciarias responda de manera subsidiaria por los fallos en el protocolo y las medidas de seguridad, ya que consideran probado que los interfonos de las celdas para pedir auxilio no funcionaban y que el presunto agresor y el perjudicado compartían habitáculo pese a los antecedentes del primero y la situación mental del segundo. 

Por su parte, la defensa, que ejerce Antonio González Lena, y la Abogacía del Estado, en representación de Instituciones Penitenciarias, pidieron la absolución del inculpado, al considerar que los hechos que se le imputan no han quedado acreditados tras las pruebas practicadas en sala.

 En la vista -que tuvo suspenderse el pasado 7 de febrero tras un error en el día de citación a las partes- el acusado negó los hechos y aseguró que fue el propio interno al realizar prácticas sexuales con un palo de un recogedor el que se provocó una lesión en el ano y que, ante la necesidad de tener que recibir asistencia médica, «me echó la culpa a mí por si le decían algo».

La versión que ofreció el denunciante fue completamente distinta. Según declaró, dormía profundamente a causa de la medicación que tenía prescrita por sus problemas de salud mental, cuando el presunto agresor se echó sobre él y lo penetró. «Estaba dormido, sentí un pinchazo en el ano y me levanté sobresaltado, lo empujé y lo golpeé. Me escocía y tenía sangre», relató.

Sin interfono

La víctima, que negó haberse introducido ningún objeto por el ano esa noche, aseguró que tras lo ocurrido tocó el interfono de la celda para pedir ayuda a los funcionarios, pero que no funcionaba, por lo que empezó a golpear y a dar patadas a la puerta para que acudieran, pero tampoco fue nadie. «Estaba nerviosísimo y estuve toda la noche llorando en la cama y él me insistía en que no dijera nada porque no volvería a pasar», explicó.

La presunta violación tuvo lugar sobre la una de la madrugada, a las ocho se abrieron las celdas para el recuento de presos y la víctima comunicó lo ocurrido a un funcionario a las 9.30 horas de la mañana, tras lo que fue examinado por la médico de la cárcel, que dictaminó que presentaba una fístula anal de entre 0,7 y 1 centímetro. Como el paciente aseguró que no había habido eyaculación, no le tomó muestras, aunque sí examinó la zona rectal y no halló semen.  

El ministerio público y la acusación particular defendieron que el relato de la víctima es «persistente» en el tiempo y creíble y consideraron que ha quedado «suficientemente» corroborado por los peritos y testigos durante la vista. Asimismo, señalaron que el procesado quiere utilizar como «coartada» las supuestas prácticas sexuales del perjudicado, de las que no dijo nada tras los hechos, sino después. «

Sin embargo, para la defensa y el abogado del Estado, la víctima incurrió en contradicciones, fue aportando «nuevos elementos» desde que denunció los hechos hasta el día del juicio y no consideran que los testigos sustenten su versión, sino que al contrario, la desmontan. En este sentido, se refirieron al informe de los forenses, que, aunque señalaron que las lesiones que presentaba eran «compatibles» con una penetración anal, también dijeron que no podían asegurar con «certeza» que hubiera sido producida por un pene u otro objeto. También apoyaron su tesis en el testimonio de los funcionarios de la cárcel, que reconocieron que no funcionaban los telefonillos, pero que si el denunciante, como aseguró, hubiera golpeado la puerta lo hubieran escuchado «perfectamente» por que su garita está a 30 metros.

Además, la defensa se refirió a una carta que la víctima escribió al juzgado para pedir la suspensión de su condena por estos hechos. Según González Lena, este es el móvil de la denuncia: los beneficios penitenciarios que pretendía obtener.