Un problema con el acceso frena el gran área de descanso de Badajoz

La construcción de un gran área de servicio de 70.000 metros cuadrados cercano a la Plataforma Logística está en peligro debido a un problema con los accesos. El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, expresó ayer en rueda de prensa su preocupación por el expediente. Esta obra está promovida por un empresario de Arroyo de San Serván y, según Vélez, crearía 200 puestos de trabajo y generaría un tráfico de 17.000 vehículos diarios, «para que nos hagamos una idea aproximada de la importancia de esta obra, en la conocida área de servicio Leo de Monesterio hay un tráfico de 13.000 vehículos al día», señaló. Contaría con área de descanso para camiones, gasolinera y lavaderos para grandes vehículos. Este proyecto está previsto en terrenos situados entre Leroy Merlin y la nueva rotonda de la carretera de Campomayor.

En mayo de 2022 recibió la licencia de obras por parte del ayuntamiento. Se concedió sobre el proyecto básico presentado por la empresa y se abrió el plazo para la presentación del de ejecución. Es durante este proceso cuando se inicia la revocación de la licencia porque, según explica la empresa, hay previsto un vial que da acceso a lo que sería el área de servicio que cruza una zona verde y que ocuparía 2.595 metros. «El Plan General Municipal de Badajoz dice que se pueden poner en zonas verdes complementos de la red de transportes. Se ha hecho en otras ocasiones en la ciudad, es legal. El vial que está proyectado es efectivamente uno de estos complementos» explica Carlos Jesús Martín Casares, abogado de la empresa, a este medio. Este vial es necesario ya que de acuerdo a la ley de carreteras, a las autovías solo se puede acceder por medio de sus correspondientes nudos. La ubicación de los terrenos, entre la autovía y una zona verde, la deja sin otro acceso que un camino. «Si la finca tiene un uso urbanístico hay que darle un acceso para ese uso, esto será un área de servicio para camiones, tienen que entrar este tipo de vehículos. Hay que dotarlo de los accesos necesarios, como está ocurriendo con la Plataforma Logística» señala Martín Casares.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, explica que inicialmente el acceso estaba previsto por la autovía, pero en 2019 cambió la Ley de Carreteras y ya no está permitido. Se cambiaron los accesos por una glorieta en suelo urbano que atravesaba un sistema general de zona verde. Según Urueña, no se puede hacer «con la ley en la mano». El concejal apunta que existe una solución intermedia, pues entre el suelo urbano del ayuntamiento y la glorieta de la autovía está la BA-20. Se haría la entrada ahí, pero requiere el visto bueno de Carreteras y el problema es que al ser un área de servicio tan grande, podrían producirse tapones de camiones que afecten a la rotonda que lleva a la Plataforma Logística. «No le podemos dar esa licencia sin solucionarlo con Carreteras», argumenta Urueña.

La suspensión de la licencia de obra llegó el 8 de julio de 2022. «Cuando nos comunica que se va a iniciar el expediente de suspensión de licencia debido a la zona verde, enviamos un escrito argumentando que sí que se puede ejecutar de forma legal. No nos contestan. Ante la falta de respuesta, una vez pasado el plazo legal, presentamos un segundo escrito indicando que el expediente ha caducado y que presentamos el proyecto de ejecución que se nos había solicitado inicialmente» señala Martín Casares. Tampoco a esos escritos obtienen respuesta. Hace unos días, en enero, se agotó de nuevo el plazo del consistorio para pronunciarse sobre ese proyecto de ejecución presentado. «Hemos vuelto a presentar un escrito para decir que entendemos aprobado el proyecto para la ejecución del área de servicio», dice el abogado.

La empresa se muestra a la espera de noticias. Afirman que a día de hoy solo quieren obtener contestación por parte del ayuntamiento para que no esté paralizada la construcción ya que la inversión ya realizada en este proyecto es enorme. «Solo el canon de licencia de obra son 500.000 euros que ya se han pagado al ayuntamiento. Si revocan la licencia, que están en su derecho de hacerlo, se le pediría al consistorio que devolviera el importe así como una indemnización por los gastos en los que se ha incurrido para llevar a cabo todos los proyectos que se han demandado», dice el abogado.