La fiscalía solicita seis años de prisión para dos hombres por adquirir maquinaria que no abonaron, al ofrecer pagarés «pese a que eran conscientes de que la cuenta corriente de cargo carecía de fondos» y el pago por tanto «no podría hacerse efectivo». 

Según el escrito del ministerio fiscal , los hechos, que se juzgarán este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz, se remontan a diciembre de 2011, cuando los procesados cerraron, en una estación de servicio de Olivenza, un contrato verbal de compra de una motoniveladora y de un compactador.

El vendedor trasladó ambas máquinas desde Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) hasta las instalaciones que le indicaron los procesados y recibió en pago del precio un pagaré por valor de 171.100 euros, a pesar de que ambos acusados conocían que la cuenta corriente de cargo carecía de fondos.

Los acusados vendieron posteriormente la motoniveladora y el compactador a una empresa holandesa que desconocía estos hechos. Además de por no recibir el dinero pactado, el primer vendedor sufrió perjuicios económicos por el transporte de las máquinas y por los gastos de devolución del impago del pagaré.

Los acusados, según la fiscalía, buscaron una transacción similar en Rosal de la Frontera (Huelva) días después, en este caso para comprar una retroexcavadora y un buldozer, para lo que el vendedor transportó ambas máquinas el mes siguiente a Alburquerque, donde le ofrecieron un pagaré.

Sin embargo, este vendedor «se percató del ardid, no aceptó el pagaré y los acusados vieron finalmente frustradas sus expectativas», aunque el primero resultó perjudicado por los gastos del desplazamiento de la maquinaria.

Los imputados volvieron a utilizar el mismo sistema para cerrar un contrato en febrero de 2012 en Olivenza, hasta donde el nuevo vendedor, de Sarria (Lugo), transportó un rodillo compactador, pero también se percató de la estratagema, sufriendo de igual manera los gastos del desplazamiento de la maquinaria.

Los hechos son constitutivos de un delito de estafa continuado, con la circunstancia agravante de reincidencia en el caso de uno de los procesados. La fiscalía, además de las penas de prisión, solicita más de 187.300 euros en concepto de responsabilidad civil.