La defensa del acusado de corrupción de menores en Badajoz pide anular la principal prueba de cargo

El juicio contra un hombre acusado de un delito de corrupción de menores por elaboración de material pornográfico con una niña de 9 años y otros cuatro de revelación de secreto, por fotografiar a la víctima, a su madre y a sus dos hermanos, también menores, dentro de su domicilio, se suspendió ayer poco después de iniciarse la vista en la Audiencia Provincial de Badajoz. Como ya informó este diario en su edición del martes, la fiscalía y la acusación particular solicitan 20 años de cárcel para el procesado, además de una indemnización de 80.000 euros, mientras que la defensa solicita la absolución.

 Lo que motivó la suspensión fue la solicitud por parte del abogado del acusado, Raúl Montaño, de la nulidad del volcado del contenido del teléfono móvil de su cliente, una de las principales pruebas de cargo contra él, al considerar que se vulneraron su derecho a la intimidad y las garantías procesales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «Mi defendido autorizó la revisión de su teléfono, pero no del todo el contenido ni el volcado de datos», explicó. En este dispositivo, la Policía Nacional halló «el rastro» de varias fotografías de los genitales supuestamente de la menor. 

La sala, pese a la oposición de la fiscalía y la acusación particular, acordó suspender la vista y resolver la solicitud mediante un auto por tratarse de una «cuestión de calado» que afectaría a todo el procedimiento judicial, según explicó Montaño. Aún no hay fecha para la celebración del juicio.

Los hechos de los que se acusa al procesado ocurrieron en abril de 2020, aunque la relación de amistad entre la familia y él, que residen en la misma calle, comenzó un año antes. Los vecinos grabaron al investigado captando imágenes con su móvil del interior del domicilio de la madre y sus tres hijos desde fuera y la pusieron sobreaviso. Fue detenido por estos hechos y, tras revisar su teléfono, se le detuvo por segunda vez ya acusado de corrupción de menores, tras lo que estuvo en prisión provisional durante 6 meses. El acusado reconoce que tomó fotografías de los demandantes, pero no con fines sexuales, sino para «proteger a los propios menores», pero niega haber hecho fotografías de partes íntimas de la niña, haberlas visto en su móvil o haberlas compartido.

Para el abogado de la acusación particular, Ángel Reyman, lo que empezó como una relación de cercanía del procesado con los menores, terminó en un «abuso de confianza y en unos hechos en el interior del domicilio (de la familia) que denotan la existencia de los delitos por los que se le juzga», señaló el letrado, quien no quiso entrar en más detalles para proteger la intimidad de sus clientes.