Los vecinos de Suerte de Saavedra desconfían de los anuncios de plazos, pues llevan años esperando, primero a que el Ministerio de Interior y la Junta se pusiesen de acuerdo para la cesión de la titularidad de los 90 pisos de la Guardia Civil y, una vez resuelta, a que el Gobierno regional acometa las obras de rehabilitación para su uso como viviendas sociales. La asociación vecinal de esta barriada urge a la Junta que acometa estas obras, al tiempo que su presidente, Fernando Gonçálvez, alerta de su deterioro progresivo, que incrementa los costes de la recuperación para que puedan volver a ser habitadas.

La Junta ya tiene la titularidad de 40 de las 90 viviendas que fueron de la Guardia Civil, situadas entre las calles Eduardo Naranjo y Ventura Reyes Prósper. En mayo de este año licitó la redacción del proyecto para la rehabilitación de los 90 pisos, que dividió en 3 lotes, que se adjudicaron en agosto. Según ha informado la Consejería de Movimidad, Transportes y Vivienda, el pasado 10 de noviembre formalizó el contrato del proyecto, que se tiene que entregar en tres meses. Una vez que se presente se licitará la obra.

La Junta no da plazos, solo informa de los pasos que se están siguiendo y los pendientes. Paralelamente, según asegura, se llevará a cabo el proceso de adjudicación entre los solicitantes. Para la rehabilitación de las 90 viviendas cuenta con 5,3 millones de euros, que se alargan hasta los presupuestos de 2024 (1,6 millones en 2023 y 3,7 en 2024). La recuperación se acometerá con criterios de eficiencia energética y accesibilidad.

Esta misma información ha recibido el presidente vecinal. Sin embargo Gonçalvez asegura que en la reunión que tuvieron a finales de junio en Mérida, la consejera les dijo que las obras comenzarían en septiembre. El año está a punto de acabar y no han empezado. Mientras tanto, los vecinos alertan del deterioro progresivo de estos pisos, cuya recuperación podría dar respuesta a familias en situación de vulnerabilidad que se encuentran a la espera de una vivienda social en Badajoz.

Hace más de cuatro años una decena de familias okuparon estos pisos. La mitad ya han sido realojadas y las demás siguen en estas viviendas, que no están entre las 40 que la Junta va a rehabilitar ahora.

Según Conçálvez, los pisos que fueron de la Guardia Civil están «fatal» debido al abandono, perceptible en el exterior. El presidente vecinal pudo comprobar la situación de los bajos, donde estaban arrancadas las piezas de los baños. Hace varios años se clausuraron las ventanas para impedir el acceso. Gonçalvez apunta que el coste de la rehabilitación se ha ido incrementando. «Queremos que las obras empiecen, que no nos den más plazos, que se les dé uso y que no se dejen caer estos pisos», recalca.