«Todas las facturas son falsas» y, por tanto, «todas las devoluciones de IVA son indebidas». Es lo que aseguró ayer el que era inspector jefe de la Oficina Nacional Antifraude (ONIF) en 2011, cuando denunció a la empresaria portuguesa a la que se juzga en la Audiencia Provincial de Badajoz por defraudar casi 7 millones de euros a la Agencia Tributaria Española.
En la vista, explicó que la investigación se inició a raíz de un requerimiento del fisco portugués sobre una de las tres empresas con las que operaba la acusada en España. Según relató, tras sondear a las empresas con las que la procesada realizaba tanto operaciones de compra como de venta -por elevadas cuantías y similares unas y otras- , ninguna de ellas reconoció la emisión de las facturas, que eran «exactamente iguales» en todos los casos y contenían palabras en portugués, pese a estar emitidas en España.
Sobre cómo no se descubrió el presunto fraude durante 7 años, pese a las inspecciones, el entonces responsable de la ONIF aseguró que él también se lo pregunta, aunque reconoció que la «opacidad» con la que operaba las empresas y la intervención de la asesoría fiscal vasca que tenía contratada la empresaria, dificultó que se detectara el supuesto engaño, pues si esta última no hubiera estado de por medio, la alarma podría haber saltado antes. En este sentido, negó que la asesoría fiscal, tal como afirmó su director, también procesado en esta causa, funcionara como «mero presentador» de las solicitudes de devolución del IVA y aseguró que entre ellos existía una relación profesional «que no resultaba lógica».
El abogado de la defensa cuestionó el método de comprobación de las facturas por parte de la Agencia Tributaria pues consideró que se daba validez a respuestas llegadas por correos electrónicos, sin firmas de responsables de las empresas requeridas ni acreditación notarial, y además no se ha comprobado a todas ellas, sino solo a una parte.
La fiscalía modificó sus conclusiones iniciales parcialmente. Así, reconoció la prescripción de los hechos correspondientes al 2005 e introdujo una calificación alternativa a la inicial, planteando, en lugar de seis delitos por fraude a la hacienda pública (12 años de cárcel), uno de estafa continuada (9 años). Las acusaciones por blanqueo de capital y falsedad documental las mantiene.
El lunes se retoma el juicio con los alegatos de las partes, tras lo que quedará visto para sentencia.
