Ala sexta va la vencida. 11 años después de que se abriera la causa y tras haberse suspendido hasta en cinco ocasiones la vista por diferentes motivos, el juicio contra una empresaria portuguesa acusada de defraudar casi 7 millones de euros a la Agencia Tributaria Española con facturas de IVA presuntamente falsas comenzó este miércoles en la Audiencia de Badajoz. Junto a la principal encausada, a la que se le imputan los delitos de blanqueo de capitales, fraude a la hacienda pública y falsedad documental, se sientan en el banquillo su madre y el director de la asesoría fiscal que le tramitaba las devoluciones de IVA en España. La fiscalía pide para ellos 23, 6 y 14 años de prisión, respectivamente.
«Yo soy una persona legal», repitió durante su declaración ante el tribunal la acusada, que negó que desde ninguna de las tres empresas portuguesas con las que operó en España entre los años 2005 y 2011 se hubiesen emitido facturas falsas con su conocimiento y aseguró que los servicios facturados se habían prestado.
La empresaria explicó que contaba con dos representantes de sus empresas en España, que se encargaban de buscar clientes y de los contratos, a los que, según dijo, entregó por esta labor «2 y 4 millones» en comisiones, aunque no pudo concretar la cifra exacta porque, tras su salida de la cárcel (estuvo dos años en prisión preventiva), de su oficina había desaparecido «parte de la documentación contable».
Uno de estos ‘socios’ ha fallecido y el otro, que tenía un procedimiento judicial abierto que se sobreseyó, ha enviado una declaración jurada, pero no declarará como testigo en la vista.
A preguntas de su defensa, ejercida por Fernando Cumbres, la empresaria lusa defendió que tuvo hasta 52 inspecciones de la Agencia Tributaria Española entre 2005 y 2011 y que en ningún caso le comunicaron ninguna incidencia. Además, señaló que ella no se encargaba de verificar las facturas porque para eso tenía contratada a la asesoría fiscal, a la que otorgó un poder notarial para que cobrara las devoluciones del IVA que posteriormente le transfería a sus cuentas.
Por estas gestiones, la asesoría obtuvo comisiones por valor de algo más de 533.000. Su director declaró ayer en el juicio que su empresa eran «meros presentadores» de las solicitudes de devoluciones de IVA, pero que nunca asesoraron a la acusada. En este sentido, explicó que se comprobaban conceptos básicos de las facturas y que en ningún momento sospecharon que pudieran ser falsas, pues incluso una semana después de que la Agencia Tributaria Española les solicitase 400 facturas de las empresas de la acusada, les devolvieron más de 400.000 euros en concepto de IVA. «Yo pensé que todo iba bien y que se estaba haciendo lo correcto», dijo el director de la asesoría, quien aseguró que, de lo contrario, lo hubieran comunicado al juzgado y a la propia Hacienda española.
Ardid
Sin embargo, la fiscalía y la abogacía del Estado creen que todo es un ardid y que la empresaria, valiéndose de la asesoría fiscal y con su necesaria cooperación, simulaba a través de facturas falsas operaciones que no existían -según el ministerio público así lo han corroborado ellas mismas- para cobrar las devoluciones del IVA, un dinero que acababa en cuentas personales y no en la de las empresas, cuyo rastro trataba de difuminar poniendo a nombre de su madre los bienes y posesiones que adquiría y transfiriéndole fondos.
La acusada aseguró que el dinero entregado a su madre era por negocios conjuntos y por el apoyo económico que le había proporcionado ella en otros momentos. La progenitora se desvinculó de la actividad empresarial de su hija que, defendió, «siempre ha sido legal».
Según el fiscal, la procesada compró productos financieros por valor de 50.000 y 70.000 euros, obras de arte, un piso en Badajoz, un coche de alta gama y sufragó la construcción de un chalé de 3 plantas (512 metros cuadrados cada una) en Torres Vedras.
A la acusada se le intervinieron cuando fue detenida casi 1,4 millones de euros y un Audi A-7 valorado en 57.000 euros, pero el resto de sus cuentas en Portugal estaban «a cero». Aún sumando las supuestas comisiones a sus socios y el pago a la asesoría, la fiscalía detecta un ‘agujero» de 2,5 millones de euros, que no se sabe donde han ido a parar.
