Tras haberse suspendido hasta en cinco ocasiones, la última el pasado mes de junio, el juicio contra una empresaria portuguesa, A. M. F., acusada de defraudar casi 7 millones de euros a la Agencia Tributaria Española con facturas de IVA presuntamente falsas entre los años 2005 y 2011 está previsto para este martes en la Audiencia de Badajoz. La vista está señalada hasta el próximo lunes.
La fiscalía solicita una condena de 23 años de prisión para la principal procesada por blanqueo de capitales y fraude a la hacienda pública, en una causa en la que también se juzga a la madre de la empresaria y su asesor fiscal, para los que se piden penas de 6 y 14 años de cárcel, respectivamente.
Según el ministerio público, la empresaria a través de tres sociedades que controlaba en Portugal obtuvo «mendazmente» de la Hacienda española devoluciones por IVA soportado por sujetos no establecidos en territorio nacional, durante los ejercicios de 2005 a 2011, por una cuantía de 6.805.875,31 euros». Para ello, según el fiscal, generó facturas falsas por adquisiciones o supuestos servicios prestados en España por sus empresas, utilizando membretes y nombres comerciales de hasta tres empresas españolas, del sector de alimentación, sin que ninguna de ellas reconozca la emisión y conceptos de las mismas.
Aunque la normativa que regía las devoluciones exime a los sujetos pasivos establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea de la obligación de nombrar un representante en España, e incluso siendo posible desde el 1 de enero de 2010 la presentación de solicitudes de devolución por vía telemática, «para tramitar las mendaces solicitudes y devoluciones», la empresaria contó en todos los casos, y exclusivamente, con la cooperación de la empresa Negóbister S. L., especializada en este tipo de gestiones, que según el fiscal, logró 533.735,60 euros en comisiones entre 2005 y 2011.
El ministerio público señala que la empresaria empleó las cantidades «ilícitamente» obtenidas en la adquisición de obras de arte y mobiliario en Portugal y en la construcción de un «lujoso» chalet en su país, inmueble que para ocultar el ilícito origen de financiación puso --con conocimiento de ello y consentimiento por parte de esta-- a nombre de su madre, que colaboró con su hija en la ocultación y transmisión de las cantidades a la hacienda española. Así, desde las cuentas corrientes de esta última se realizaron por la misma disposiciones dinerarias por importe de 1.636,529 euros y también desde la cuenta conjunta de ambas se detrajeron fondos para comprar un piso en Badajoz, puesto a nombre de la madre, y un vehículo de alta gama.
Las defensas de los procesados solicitan su absolución.
