Macrojuicio en Badajoz: 30 acusados se enfrentan a penas de hasta 24 años de cárcel por tráfico de drogas y blanqueo

Los investigados fueron detenidos en la denominada operación Granero, desarrollada por la Policía Nacional en el Cerro de Reyes en diciembre de 2018, en la que intervinieron unidades de Badajoz y Galicia y un helicóptero. En total, hubo 32 arrestos y se realizaron 15 registros domiciliarios, en los que se intervinieron un kilo de cocaína y 1,5 de marihuana, así como otras sustancias, por valor de más de 191.900 euros, además de diversas armas, vehículos y 18. 685 euros en metálico presuntamente procedentes de la venta de droga.

En su escrito de calificaciones provisionales, el ministerio público señala que los acusados forman parte de un clan familiar con estructura criminal, que desde el año 2010 acapara y controla la distribución de sustancias estupefacientes en la barriada del Cerro de Reyes. Para ello, según el fiscal, habían montado un «complejo» entramado de personas y puntos de venta de droga y no dudaban en cometer otras infracciones criminales, como agresiones y secuestros, «para mantener su dominio, ocultar sus ganancias y eludir todo tipo de control».

Jeraquizada

La organización estaba jerarquizada. Así, la fiscalía señala a un matrimonio como las «cabezas pensantes» del clan: el marido se encargaría de negociar y adquirir la droga a terceros para después distribuirla por los tres puntos de venta que tenían abiertos (dos viviendas y un gallinero), por los que «cada noche ambos pasaban recaudando el dinero de la jornada». Estos lugares contaban con puertas de seguridad, rejas y verjas y, en algún caso, hasta videocámaras para impedir posibles robos de droga (los denominados ‘vuelcos’) o cualquier acción policial. Además, para evitar posibles intervenciones telefónicas, los acusados instalaron un sistema de videollamadas, mediante el que, con señales previamente acordadas, se solicitaba la provisión de droga cuando se les acababa.

En el segundo escalón de la organización criminal el ministerio público sitúa a dos familiares de los ‘jefes’, cuya función era el control de los puntos de venta, así como ‘cocinar’, con la ayuda de un tercero, la sustancia estupefaciente que se vendía en el 'gallinero', cocaína ‘base’ destinada a grandes toxicómanos. Además, uno de ellos se ocupaba de supervisar el transporte de la droga desde los puntos donde la almacenaban hasta los de venta, así como de «infundir temor hacia el clan» y de intervenir en caso de conflicto con los compradores o los propios vendedores, usando, si era preciso, «medios violentos o coactivos».

En este mismo nivel de jerarquía estarían otros dos familiares, que se encargaban de abastecer otro de los puntos de venta de droga del clan y cuyos domicilios servían de almacén de la mercancía.

Por debajo de estos últimos se encontrarían los vendedores, los vigilantes o ‘aguadores’, los recaderos -que llevaban la droga a los puntos de venta y avituallamiento a los primeros si la jornada se alargaba-, así como otras personas que participaban en la distribución de los estupefacientes a cambio de comisiones.

La fiscalía sostiene en su escrito que no existe constancia de que los cabecillas de la organización ni otros muchos investigados hayan desempeñado actividad laboral alguna en los últimos años que justifique «el nivel de vida exhibido y los bienes obtenidos por el clan», que ha acumulado «un amplio patrimonio». En la mayoría de los casos, según el ministerio público, los han adquirido pagando grandes cantidades de dinero en efectivo y utilizando de manera recurrente a testaferros para ocultar «que ellos son los verdaderos dueños de los vehículos y las viviendas destinadas a sus actividades ilícitas». 

Propiedades inmobiliarias por 2,5 millones de euros

En total, según el escrito del fiscal, el clan habría comprado con los beneficios de sus actividades ilícitas propiedades inmobiliarias por un valor superior a los 2,5 millones de euros y 12 vehículos, algunos de ellos de alta gama. Además, pese a carecer formalmente de fuentes de ingresos, efectuó gastos acreditados con facturas por más de 133.000 euros, a los que se suman otras «decenas de miles de euros» que no se han podido acreditar, pero «evidencian la adquisición de vehículos y viviendas».

El ministerio público solicita para 10 de los acusados, entre ellos los cabecillas, 15 años de prisión y una multa de 700.000 euros por un delito contra la salud pública y organización criminal; y para otros 15 procesados, 11 años de cárcel y multa de 500.000 euros por los mismos delitos. A diez de ellos también se les imputa, junto a otras cuatro personas más, un delito de blanqueo, por el que la fiscalía solicita para todos 6 años de prisión y una multa de 7,5 millones de euros.

Además, a cinco de los investigados se les acusa de tenencia ilícita de armas (3 años de prisión), por lo que en su caso la petición de cárcel se eleva hasta los 24 años. Hay otro acusado que se enfrenta por este mismo delito y dos de atentado a agentes de la autoridad (está acusado de agredir a dos policías durante la operación policial) a 8 años de prisión.

En su escrito, la fiscalía también plantea el decomiso del dinero y los vehículos intervenidos a los procesados. 

Por su parte, las defensas de los acusados -todos en libertad con cargos- piden que se declare la nulidad de los registros domiciliarios, de las intervenciones telefónicas (hay más de 2.000 horas de grabaciones) y la impugnación de los informes toxicológicos.