Un funcionario la Delegación de Educación en Badajoz, un constructor y dos arquitectos se sentarán en el banquillo de la audiencia provincial el 25 de octubre acusados de falsificar documentos oficiales en relación a dos obras llevadas a cabo en el colegio Guadiana y el instituto Zurbarán, en las que presuntamente se dejaron de ejecutar partidas económicas que, sin embargo, sí fueron certificadas e incluidas en las facturas de la empresa adjudicataria de las mismas. Esto causó un supuesto perjuicio a la Consejería de Educación, promotora de estas actuaciones, que está personada en la causa como acusación particular.

Fue en junio de 2018 cuando la Administración regional firmó sendos contratos con la misma constructora: uno para la sustitución de la cubierta de uralita, el asfaltado de una pista deportiva y la reforma del patio y el porche del colegio Guadiana, por 241.894,13 euros; y otro para la remodelación de los aseos y la instalación eléctrica del instituto Zurbarán, por 82.174,73 euros. 

En el caso del primero, las obras se recepcionaron en noviembre de ese mismo año y en diciembre se abonó la última certificación por importe de 23.768,34 euros, que sumado al resto de certificaciones arrojaba un montante total de 265.663,04 euros. Sin embargo, el Servicio de Control de Fondos Europeos de la Consejería de Hacienda y el informe económico de la obra realizado por el Servicio Provincial de Obras y Proyectos de la Delegación de Educación en Cáceres detectaron un desfase de 33.892,84 euros, así como que se había realizado una actuación «sensiblemente diferente» de la que figuraba en el proyecto de ejecución. «Con notable desprecio a la realidad objetiva de lo proyectado y con clara dejadez por parte de los intervinientes, la valoración de la obra realmente ejecutada resultaría inferior a la proyectada y ejecutada, así como de la presentada al cobro», según recoge el escrito provisional de la fiscalía. 

En cuanto al instituto Zurbarán, las obras se recepcionaron el 7 de noviembre de 2018 y el 19 de ese mismo mes de emitió la última certificación por 8.047,40 euros, que junto con las anteriores certificaciones hacía un total de 90.222,13 euros. En este caso, según el fiscal, se aprecia también la inclusión de partidas no ejecutadas y la ejecución de otras por cuantía diferente a la pactada. El Servicio Provincial de Obras de la Delegación de Educación de Cáceres detectó un desfase de 30.820 euros.

Aunque, el fiscal entiende que no se apreciaría «un quebranto económico relevante» en el caso de las obras del colegio Guadiana por compensación de partidas, sí lo hay en las del instituto Zurbarán, con un perjuicio para la Administración regional de 14.857,93 euros. 

En ambos proyectos, el funcionario procesado era el encargado de dar el visto bueno a las certificaciones de obra lo que, según el ministerio público, hacía con «absoluta ligereza y dejadez». La fiscalía sostiene que dichas certificaciones, «negligentemente mendaces», eran confeccionadas por el constructor y asumidas por los dos arquitectos. «Todos los acusados con temerario desprecio a la realidad objetiva de las obras eran consciente de la falta de concordancia entre lo certificado y la realidad de los ejecutado, pese a lo que firmaron las sucesivas certificaciones y la final», apunta. 

Por estos hechos, acusa al funcionario de un presunto delito continuado de falsedad en documentos oficiales en su modalidad de imprudente cometido por un funcionario público, por el que pide para él 9 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros. Para los otros tres inculpados, a quienes señala como cooperadores necesarios, solicita la misma pena. 

Importante perjuicio

Asimismo, el ministerio público plantea que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria a la Consejería de Educación por el «importante» perjuicio económico causado por el desfase entre lo abonado y lo realmente ejecutado y por haber tenido que sufragar estas actuaciones con fondos propios al perder la inversión procedente de Europa por las presuntas irregularidades.

La consejería eleva la petición de condena para el funcionario a 3 años de cárcel al entender que concurren un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso ideal con otro continuado de malversación de caudales públicos , y a dos años de cárcel para los otros tres procesados, según fuentes judiciales. Educación no quiso pronunciarse sobre el proceso al estar la causa en marcha y se limitó a señalar que denunció las presuntas irregularidades ante la fiscalía en cuanto tuvo conocimiento. «En la Consejería de Educación y Empleo, como en el resto de la Administración regional, se pasan numerosos controles de fondos, sin incidencias de tipo alguno y este es un hecho aislado para el que, sin embargo, se han activado todas las medidas para ponerlo en manos de la Justicia y sea esta la que determine la gravedad y el alcance de los hechos», añadió.

La defensa de los procesados pide su absolución.