Sin apenas debate, porque existía acuerdo previo y unánime, el pleno del Ayuntamiento de Badajoz acordó ayer incentivar la instalación de placas solares en las viviendas mediante la bonificación de hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el 95% el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), por un periodo de 5 años. El portavoz municipal socialista, Ricardo Cabezas, informó de que la pretensión es que estas bonificaciones entren en vigor el 1 de enero de 2023.
El acuerdo salió adelante con una moción del PSOE que ya incluía en su redacción que el compromiso fuese unánime. El PP había manifestado públicamente su interés en incentivar estas instalaciones con bonificaciones de impuestos. En la moción se deja claro que se someterá a la supervisión de los técnicos, que deben ser quienes establezcan si debe haber máximos anuales en la reducción directa de los impuestos y los porcentajes sobre el coste total de la instalación, así como una previsión del impacto de esta medida en las arcas municipales. La moción incluía además el compromiso para bonificar también a las viviendas del Casco Antiguo, pero se condiciona a la autorización de Patrimonio y del ayuntamiento.
CENTROS SANITARIOS/ La sesión de ayer dio más de sí en materia de impuestos. También se aprobó una moción del PP por la que el Ayuntamiento de Badajoz rechaza la pretensión de la Junta de Extremadura de eximirse a sí misma del pago del IBIcorrespondiente a los centros sanitarios. De salir adelante la modificación de la Ley de Mejora de los Procesos Administrativos que se tramita en la Asamblea de Extremadura, el ayuntamiento pacense dejaría de percibir 1,2 millones de euros anuales, según explicó el portavoz del PP, Antonio Cavacasillas, que recordó que estas intenciones del Gobierno regional vienen de lejos. En 2008 la Junta ya quiso dejar de pagar contribución por los centros sanitarios modificando la Ley de Patrimonio, pero la justicia lo declaró ilegal y cuando el PP llegó al Gobierno regional devolvió a los ayuntamientos lo que habían dejado de percibir. Seis años después, en 2016, la Junta «volvió a la carga» con «todo el mundo en contra»: ayuntamientos, Fempex, Femp, la Dirección General de Tributos del Estado y el Consejo Económico y Social. Cavacasillas apuntó que las intenciones que ahora ha retomado el Ejecutivo autonómico no solo suponen «un hachazo» a las arcas municipales sino que conculcan la autonomía de los ayuntamientos y repercutiría en un deterioro de los servicios públicos.
El PP consiguió alinear en esta postura al resto de los grupos políticos municipales. Salvo al PSOE, que optó por una abstención que parecía un voto en contra, en base a los argumentos de la concejala socialista Rita Ortega, que defendió los planes de la Junta porque «Badajoz se lo puede permitir», dada la buena situación de la economía municipal, hasta tanto se resuelva la que atraviesa la sanidad pública, que requiere en estos momentos un incremento de recursos, y de la que se benefician todos los ciudadanos de Badajoz. La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, criticó que la Junta se «autoexima» del pago de un impuesto, sin compensar a las corporaciones locales y tachó de «injusta» la medida, pues supondrá «un roto brutal» en los ingresos del ayuntamiento pacense. Cs se puso también del lado del PP, que echó en cara al PSOE que cuando una moción idéntica se abordó en el pleno en 2016, por la modificación de la Ley de Medidas Tributarias, PSOE la apoyó y salió por unanimidad. «No tiene sentido que seis años después el PSOE vote que no». No lo hizo, porque se abstuvo.
MERCADILLOS /También se aprobó la moción del PSOE para que los vendedores ambulantes no paguen en 2023 la tasa de mercadillo. Salió adelante porque se ausentaron la concejala de CsHitos Mogena y el no adscrito, Alejandro Vélez. Que se aprobase no supone que se cumpla. «Se aprueba y el equipo de gobierno lo valorará», dijo el alcalde, Ignacio Gragera. Solo Unidas Podemos apoyó la pretensión del PSOE. Cs votó en contra porque, según Lara Montero de Espinosa, también el pequeño comercio lo está pasando mal y requiere medidas que lo ayuden. Por su parte, el concejal de Hacienda, del PP, Eladio Buzo, justificó el rechazo de su grupo en que en la actual situación de crisis, tienen que colaborar reduciendo impuestos otras administraciones. Quiso introducir una transaccional que el PSOE no aceptó.
Uno de los temas que más debate generó fue el de la okupación ilegal de viviendas. El PP presentó por urgencia una moción para pedir que cambien la ley y se agilicen los desalojos. Unidas Podemos y PSOE coincidieron en defender que no es un problema que suponga alarma social, a lo que el concejal popular Jaime Mejías contestó que desde que se conoció la okupación de un piso de estudiantes en Badajoz y el desalojo de sus moradores gracias a una protesta ciudadana -en la que él participó-, ha recibido llamadas por otras 5 okupaciones en Badajoz. Serán más, porque «no paran de llamarme».
