"El acusado ha cometido actos de naturaleza sexual contra todas las mujeres que formaban parte, de una u otra forma, del Ilustre Colegio de Médicos de Badajoz, manifestando a través de su conducta el absoluto desprecio por las mujeres y que las mismas pueden ser utilizadas de forma arbitraria para satisfacción de deseos sexuales masculinos no consentidos». A esta conclusión llega la fiscal en el escrito de acusación por el caso de abusos sexuales contra el que fuese oficial mayor del Colegio de Médicos de Badajoz, Javier R. M., para el que la fiscalía pide 9 años de prisión por tres delitos continuados de abusos sexuales con el agravante de género, contra tres compañeras de trabajo. Tres mujeres que han seguido adelante con su denuncia, pues inicialmente eran cinco las víctimas, pero dos de ellas, que también son trabajadoras del colegio, no han presentado denuncia, aunque si constan en el atestado.
El castigo al que se enfrenta Javier R. M. es aún mayor, pues la acusación particular pide un total de 17 años de prisión, ya que a los tres delitos continuados de abusos sexuales (3 años de cárcel por cada uno) añade otros tres de acoso laboral continuados (dos años de cárcel por cada uno) y un delito de amenazas (2 años), según el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, fechado el pasado jueves, 15 de septiembre, al que ha tenido acceso este diario. Los hechos a los que se refieren las acusaciones se prolongaron desde noviembre de 2018 hasta finales de 2021.
Asimismo se declara la responsabilidad civil subsidiaria del Colegio de Médicos, lo que deja sin efecto la pretensión de la institución colegial de personarse como acusación popular, que no se admite.
A través de este auto, la juez decreta la apertura del juicio oral y mantiene la situación de libertad provisional del acusado, que deberá abonar una fianza de 30.000 euros, así como no se modifican las medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con las trabajadoras acordadas el pasado 29 de enero, cuando se pusieron las denuncias y fue detenido el presunto autor por la Policía Nacional. El fiscal está pidiendo libertad vigilada y prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas durante cuatro años.
Este diario se ha puesto en contacto con el abogado encargado de la defensa, que a su vez ha preguntado el acusado, que no quiere realizar ningún tipo de manifestación a la prensa y pide respeto a la presunción de inocencia. Desde el primer momento, cuando declaró en el juzgado, negó los hechos de los que le acusan las compañeras de trabajo y no reconoce que han sucedido en los términos que describen.
MÁS DE 30 AÑOS /El acusado fue apartado de su puesto de trabajo en el Colegio de Médicos, donde ejerció durante más 30 años, cuando se conocieron los hechos por decisión de la junta directiva. Javier R. M. trabajaba como oficial segundo y en el transcurso de los hechos ascendió a oficial mayor o jefe de oficina del colegio. Según el relato del fiscal, esta antigüedad y su relación de «fuerte amistad y confianza» con la directiva del colegio, «determinaba que tuviera una importante ascendencia sobre los empleados».
Según recoge la fiscalía en su escrito de calificación, las tres mujeres que denunciaron fueron objeto de abusos por parte del acusado, que reiteradamente las buscaba, las manoseaba, rozaba sus glúteos o sus pechos e incluso las besaba en la boca. Por citar alguno de los episodios, el escrito contiene lo ocurrido a una de las mujeres denunciantes, cuando el acusado «persistiendo en su ánimo libidinoso», volvió a dar un beso a la trabajadora y al marcharse insistió en abrazarla por detrás cuando ella se encontraba archivando documentación. En esta ocasión, la mujer, «cansada y angustiada por la conducta del acusado», le dijo que cesara o de lo contrario informaría al secretario, respondiéndole el acusado que el presidente del colegio estaba de su lado y que a ella nadie la iba a creer sino que, muy al contrario, acabarían despidiéndola.
EN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO / Como consecuencia de los hechos denunciados, las trabajadoras sufren trastorno de ansiedad o depresión con tratamiento psicofarmacológico.
En cuanto a la actuación del Colegio de Médicos de Badajoz, el fiscal afirma en su informe de acusación que en el tiempo en el que se fechan los acontecimientos narrados, «ha relajado las medidas de vigilancia y autoridad adecuadas respecto del acusado, como empleado de dicha corporación pública, habiéndole otorgado una confianza excesiva, no limitando de forma correcta el poder que ejercía sobre el resto de los empleados». El informe de fiscalía destaca así que si bien la directiva del Colegio de Médicos de Badajoz tuvo conocimiento de los hechos narrados el 4 y 5 de enero de 2022 por comunicación directa de las afectadas, no fue hasta el 27 de enero del 2022 cuando se convocó formalmente una comisión de investigación, el mismo día que las víctimas denunciaron y no relevó de su puesto de trabajo al acusado, que aunque teletrabajaba, podía acudir libremente al colegio, «con el consiguiente riesgo» para las trabajadoras.
El fiscal solicita 9.000 euros de indemnización para cada una de las tres víctimas, mientras que la acusación particular, que ejerce la abogada Belén Hernández, eleva esta cuantía a 30.000 euros para cada una de estas tres mujeres. La causa está en una fase previa. Una vez que existe auto de apertura de juicio oral, el acusado deberá presentar el escrito de defensa, que se presentará en el juzgado de lo Penal.
