La Diputación de Badajoz ya está elaborando un informe técnico para aplicar «de inmediato» las medidas de ahorro y eficiencia energética del Real Decreto Ley del Gobierno Central, que entrará en vigor el próximo 9 de agosto y se mantendrá en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023.

La institución provincial explicó ayer que , pese a que desde 2018 cuenta con un plan de inversiones en materia de eficiencia energética y energías renovables, Smarternergía, se ha dado instrucciones a los servicios técnicos para que analicen al detalle el Real Decreto Ley de medidas de sostenibilidad económica en el transporte, así como de ahorro y eficiencia energética para adoptar las directrices establecidas para el conjunto de España.

La diputación las aplicará a todos sus edificios, donde la temperatura del aire acondicionado no podrá bajar de los 27 grados y la de la calefacción no superará los 19. Además, se regulará los horarios de apagado del alumbrado de los inmuebles de su titularidad (el decreto exime a los edificios y dependencias en los que se presten servicios educativos y sanitarios»,

Fuentes de la institución provincial recordaron que, a través del Smartenergía, dirigido a la mejora de infraestructuras y dependencias municipales de la provincia de Badajoz, se han invertido más de 26 millones de euros procedentes del programa operativo Feder, lo que ha supuesto «una mejora sustancial en el servicio energético facilitado a las entidades locales». De las actuaciones en el alumbrado público, por ejemplo, se han beneficiado 144 localidades, donde se ha instalado tecnología led.

Moción en contra

Por su parte, el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, ha presentado una moción para instar al pleno a que no asuma las medidas de eficiencia y ahorro energético aprobadas por el Gobierno central al considerarlas «arbitrarias y caprichosas». El concejal criticó que el Real Decreto-Ley se haya redactado de forma unilateral, sin consultar a las comunidades autónomas ni a los sectores más afectados, como el comercio, la hostelería y empresas. En el caso de Badajoz, según Vélez, estas medidas perjudicarán a actividades como La Noche en Blanco o Badajoz, ciudad encendida, además de a las ferias que se celebran a partir del 9 de agosto en las pedanías y «por supuesto» a la próxima Navidad, carnavales, Los Palomos o la feria de San Juan. Por todo ello, el concejal no adscrito solicita que el ayuntamiento no aplique este decreto «totalitario» y que exija al Gobierno central que cuente con todos los partidos políticos, agentes sociales y empresarios para redactar uno nuevo «de consenso»