La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite la demanda presentada por dos socios de Clínica Extremeña de Salud (CES) contra el Ayuntamiento de Badajoz por el cambio de uso del suelo de hostelero a sanitario de la parcela de la avenida de Elvas donde Ibérica de Diagnóstico y Cirugía SL, del grupo Quirón Salud, dueño de Clideba, proyecta construir su nuevo hospital privado.

Los demandantes, Rafael Álvarez-Buiza y Javier Rodríguez- Arbaizagoitia, consideran que el acuerdo de pleno por el que se aprobó la modificación puntual detallada del Plan General Municipal (PGM) para el cambio de uso de suelo a únicamente sanitario o asistencial de 41 manzanas de equipamiento privado, incluida la de los antiguos salones Murano donde Quirón prevé ahora levantar su hospital, no responde al interés general, sino que se hizo «a la carta» para que el grupo sanitario pudiera instalar su nueva clínica de grandes dimensiones en la parcela que previamente había elegido. 

Por este motivo, entre otros, solicitan que se declare nulo el acuerdo plenario y que, hasta tanto el TSJEx, resuelva, se adopten medidas cautelares para que, en caso de que se haya concedido la licencia de obra al grupo sanitario, se suspenda, y si aún no se ha otorgado, que se paralicen los trámites. El Ayuntamiento de Badajoz -que ayer no contestó a la solicitud de información de este diario- ya ha respondido al tribunal que entiende que no ha lugar a medidas cautelares, pues el único permiso expedido hasta ahora es la licencia de derribo.

Antes de recurrir al TSJEx, los empresarios, que tienen el control del 70% del capital social de Clínica Extremeña de Salud, ya presentaron alegaciones a esta modificación puntual detallada, pero el Ayuntamiento de Badajoz las desestimó.

«TRATODEFAVOR» / «Hay un trato inequívoco de favor», defienden Álvarez- Buiza y Rodríguez- Arbaizagoitia. «El supuesto de interés general que invoca el ayuntamiento al final, con una serie de irregularidades, se concreta en un interés particular que tiene nombres y apellidos», sostienen los empresarios en referencia a Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, a la que consideran «principal beneficiaria directa, prácticamente única, de esta modificación del PGM».

Los demandantes entienden que, si el cambio de usos del suelo se hace atendiendo al interés general, lo «lógico» es que se contemplaran todos: hostelero, comercial, recreativo, administrativo, deportivo o educativo, y no solo el sanitario y el asistencial, para dar opción a que se instalasen inversiones de toda índole. A su juicio, esto constata su tesis de que la modificación «está hecha a medida de un concreto interés particular» y de que no se respeta el principio de igualdad.

También aducen «importantes» irregularidades en el procedimiento para materializar esta modificación puntual del PGM, por no incorporarse al expediente informes técnicos o jurídicos que aconsejen la necesidad de realizar o un estudio de tráfico, dada la alta densidad de vehículos que circulan por la avenida de Elvas. «Es por tanto una iniciativa espontánea que obedece sin duda alguna a las influencias, e incluso presiones del grupo Quirón Salud», recoge la demanda. 

«El ayuntamiento y la Junta le han puesto una alfombra roja (al grupo sanitario), porque una modificación del PGM no se hace tan rápido y eso evidencia un trato de favor que no es normal», insisten los empresarios.

VIEJOCONFLICTO / Este pleito es un capítulo más del conflicto de intereses y la batalla judicial emprendida por los socios de Clínica Extremeña de Salud -ahora sin actividad- contra Clideba (primero propiedad de Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, después de grupo Capio y ahora de Quirón), a la que en el año 2012 denunció por abuso de posición dominante. El Jurado de Defensa de la Competencia de Extremadura y el Juzgado de lo Mercantil número 1 dieron la razón a la primera reconociendo que las causas de la insolvencia que abocaron al cierre de Clínica Extremeña de Salud no eran otras que la «deficitaria actividad del hospital, con apenas ingresos, debido a la competencia desleal» desarrollada por la segunda, que imponía exclusividad a las compañías aseguradoras. 

Pese a las sentencias favorables, que fueron ratificadas por la Audiencia Provincial de Badajoz, los años que tardó en resolverse el procedimiento, hicieron inviable el sostenimiento de Clínica Extremeña de Salud, que echó el cierre en 2017. Sus socios siguen pendientes de que algún operador nacional reabra su hospital, en el que invirtieron 26 millones de euros y se llegó a emplear a 70 personas.