Pese a las dudas de trabajadores municipales, sindicatos y oposición, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, defendió ayer que el ayuntamiento tiene capacidad para asumir la equiparación salarial de la Policía Local, que costará a las arcas municipales dos millones de euros al año. La explicación que dio sobre de dónde saldrá el dinero no fue muy reveladora: «de fondos propios y de la capacidad que tenga el ayuntamiento para hacer ese esfuerzo», se limitó a decir, a pesar de la insistencia de la prensa. 

Una de las quejas de los empleados públicos, que el miércoles se concentraron para reclamar una subida salarial para todos y no solo para la Policía Local, y de los sindicatos CSIF, USO y UGT, que votaron en contra del acuerdo para la equiparación alcanzado con Aspolobba, es que este pacto no está avalado por ningún expediente que acredite cómo se habilitarán esos 2 millones de euros para que cada agente cobre 6.314 euros más al año y los mandos otros cerca de 40.000 anuales en total en concepto de peligrosidad. Además, también coincidieron al mostrar su temor a que se haga a través de la amortización de plazas, dejando a servicios ya en precario, aún peor».

 «Cuando los expedientes se vayan terminando se irán convocando las mesas y se irá dando la información correspondiente», dijo el alcalde, quien reiteró que estarán listos para llevarlos al pleno del próximo mes de julio, «como se comprometió el equipo de gobierno», recordó. En cuanto a la amortización de plazas, Gragera aseguró que se analizarán cuáles están fuera de la Oferta de Empleo Público y cuáles son prescindibles según los informes que trasladen los diferentes servicios, para «que no exista ninguna duda de dónde se van a sacar los fondos y donde se va a realizar el esfuerzo», añadió.

El alcalde consideró «legítima y justa» la reivindicación del resto de empleados municipales para que también a ellos se les suba el sueldo y aseguró que, de forma paralela al acuerdo con la Policía Local, se está trabajando para mejorar las condiciones retributivas del conjunto de los trabajadores del ayuntamiento. 

En este sentido, se refirió al principio de acuerdo alcanzado con CSIF hace tan solo unos días. Aunque fuentes de este sindicato afirmaron que lo que se había negociado «ha reventado» tras conocerse el acuerdo con Aspolobba, el alcalde dijo no tener conocimiento de esto último, por lo que para él ese principio de acuerdo sigue vigente, hasta que le comuniquen oficialmente que no es así.

De la propuesta negociada con CSIF tampoco dio detalles. Sí dijo que lo que se había puesto sobre la mesa era «viable, concreto, justo» y respondía a reivindicaciones históricas» del conjunto de los trabajadores. En el caso de que ahora el sindicato plantease otra propuesta, Gragera señaló que entonces habría que volver a valorarla, aunque reiteró que su deseo es que se pudiera concretar y alcanzar un consenso definitivo.

Pese al rechazo que ha suscitado el acuerdo con Aspolobba por «desproporcionado y discriminatorio», Gragera lo volvió a defender. Mientras, los trabajadores municipales le piden que lo pare hasta alcanzar uno global para toda la plantilla del ayuntamiento, «porque a lo mejor esos dos millones hay que repartirlos entre todos», advierten. La próxima semana habrá una nueva reunión en la que se abordarán las posibles acciones de protesta a llevar a cabo en el futuro, si no se atienden su demanda.

La concentración del miércoles, que se hizo coincidir con las mesas de funcionarios y general de negociación a la que se llevaba el acuerdo de la equiparación, la promovieron los jefes de los servicios municipales, pero se extendió al resto de trabajadores del ayuntamiento, porque «lo que pedimos es para todos, no solo para unos pocos. Si hubiésemos hecho eso, sería lo mismo que ha hecho la policía local», reconocen. Los promotores se mostraron muy satisfechos por la respuesta a la convocatoria y volvieron a advertir que si el camino «es la presión» al alcalde, ellos podrían ejercerla aún con más fuerza.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, acusó ayer al alcalde de «mentir por segunda vez» a la Policía Local, pues aseguró que el acuerdo de la equiparación no se llevará al pleno de julio, como ha prometido Gragera, «porque no depende de él». «Ya los engañó en Carnavales para solucionar el problema de servicios extraordinarios y ahora lo ha vuelto a hacer para salvar la feria de San Juan», expuso.

Quiebra técnica

El portavoz socialista no quiso avanzar si su voto en el pleno -se celebre en una u otra fecha- será a favor o en contra del acuerdo con Aspolobba, pero sí lanzó una advertencia: «con esto el alcalde va a llevar al ayuntamiento a la quiebra técnica, como el de Alburquerque», argumentó, al tiempo que defendió que cuestiones de esta relevancia, que «comprometen y afectan de por vida» a las arcas municipales deben consensuarse entre sindicatos y partidos políticos, no manejarse desde la «más absoluta irresponsabilidad», criticó.

Cabezas mostró su apoyo a la subida salarial de todos los trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, incluidos los policías locales, «porque no puede ser que un agente de Badajoz cobre lo mismo que uno de Aceuchal». No obstante, a su juicio, la equiparación con la Policía Nacional «es otra cosa, porque el acceso a este cuerpo, la formación, la responsabilidad y movilidad no tienen nada que ver en un caso y el otro», justificó 

Del voto del PSOE están pendientes los trabajadores y los sindicatos, tanto los que están a favor del acuerdo con la Policía Local (Aspolobba y CCOO), como los que están en contra, CSIF, UGT y USO, pues, una vez que el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, ha anunciado que no lo apoyará, los votos de Ciudadanos y PP, los que lo han negociado, no son suficientes para sacarlo adelante.