Cuando el superintendente de la Policía Local de Badajoz, Rubén Muñoz, ha reclamado en el juzgado 252.000 euros por 4.296,5 horas extraordinarias prestadas entre 2013 y 2018, esgrime entre sus argumentos que sus funciones de sustitución eran conocidas por los concejales de Policía Local, «con el consiguiente reconocimiento tácito a su ejercicio» y la Administración «consintió y propició su continuidad».
La sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 2 no le ha dado la razón a Muñoz, que ha contado con el apoyo de la actual concejala del área, María José Solana, en este procedimiento. «Yo desde luego, cada vez que tengo la información fehaciente de la presencia de cualquier funcionario en una actividad profesional, doy fe de que eso es cierto y no tengo más que valorar, menos en las cantidades», defendió ayer la concejala al ser preguntada. Así, señaló que tiene claro que, como los demás policías, el superintendente «está volcado en la ciudad los 365 días del año a cualquier hora, de forma planificada o como emergencia y debo acreditar con mi firma la realidad de esa entrega». La sentencia señala que estas actuaciones entran dentro de su dedicación exclusiva y a ese respecto la concejala señaló que lo que ella hace es «suscribir la presencia activa en la ciudad de los agentes, mandos y el superintendente».
En cuanto a si el superintendente ha reclamado el pago de más horas extras a partir de 2018, Solana señaló que la información sobre relaciones laborales las tiene el interesado y la asesoría jurídica si se ha iniciado. «Las conversaciones que se tienen con ese funcionario son siempre de entrega profesional y de solventar las dificultades del día a día en la ciudad», incidió. El sindicato USO pidió ayer la dimisión de Solana. La concejala no lo hará.
