Suspendido por quinta vez el juicio que se iba a celebrar en la Audiencia Provincial de Badajoz contra una empresaria portuguesa acusada de defraudar 7 millones de euros a la Agencia Tributaria Española con facturas de IVA presuntamente falsas entre 2005 y 2011. Además de la principal inculpada, para la que la fiscalía solicita 23 años de cárcel por los delitos de blanqueo de capitales y fraude a la hacienda pública, en esta causa están procesados su madre y su asesor fiscal, para los que el ministerio público pide 6 y 14 años de cárcel, respectivamente. 

Ayer estaba señalada la primera de las cinco sesiones de juicio previstas, pero el abogado de la empresaria lusa y su madre, Fernando Cumbres, no pudo comparecer por encontrarse de baja por enfermedad. El letrado había comunicado el pasado jueves su situación, pero la vista no se ha suspendido hasta ayer por la mañana en sala. 

El magistrado-presidente, Matías Madrigal, explicó que Cumbres se personó en la Oficina de Señalamientos para advertir a las funcionarias de que no se podría celebrar el juicio por su estado de salud, pues sufría sudoración y un estado febril, que le provocaba «alucinaciones», según dijo el magistrado. Las funcionarias le comunicaron que el juicio seguía adelante y el letrado, tras informarlas de que acudiría al médico, pidió que, al menos, se retrasase hasta el miércoles 8 de junio. Posteriormente, tras acudir a su centro de salud, presentó la baja médica.

Pese a la documentación entregada, el magistrado informó ayer de que iba a dar orden para que un médico forense examinara al abogado para acreditar que su estado de salud era tal y como había expuesto este. Asimismo, aseguró que en caso de se constatara que había habido un «ardid» para que se suspendiera el juicio, deduciría testimonio por un presunto delito contra la Administración de Justicia, así como revisaría la situación judicial de la acusada.

La empresaria lusa estuvo dos años en prisión provisional por estos hechos y, pese a que la fiscalía solicitó una prórroga, no se concedió y salió en libertad provisional tras pagar una fianza de 26.000 euros. La inculpada tiene obligación de residir en Badajoz, donde tiene un piso que presuntamente adquirió con el dinero defraudado y que está a nombre de su madre, pero viaja de forma habitual a Portugal, pues no tiene retirado el pasaporte. 

Este diario contactó con el despacho Cumbres Abogado , donde se limitaron a señalar que el letrado de las dos procesadas está de baja médica desde el pasado 2 de junio. 

La última vez en abril

Este proceso judicial lleva abierto 11 años y hace cinco que se puso fecha por primera vez al juicio. La última vez que se suspendió fue en abril de 2021, después de que los abogados del asesor fiscal y la empresa vasca para la que trabajaba (a la que tienen retenidos 8 millones de euros como garantía en caso de sentencia desfavorable), recusaran a dos de los magistrados por haber participado anteriormente en el procedimiento abierto contra los tres acusados. La fiscalía y la defensa de la empresaria y su madre se adhirieron a la recusación.

Antes ya se había suspendido en otras tres ocasiones por el cambio de abogado de la principal inculpada y su progenitora (a lo largo del procedimiento han estado representadas por 5 letrados diferentes) y por defectos de forma planteados por la defensa.

Los abogados del asesor fiscal y la empresa vasca, Javier Beramendi y Aitor Medrano, reconocieron estar «hartos» de las dilaciones que está sufriendo en proceso, mientras que la fiscalía, por su parte, pidió, tras conocer a suspensión en sala, que se señale de nuevo «cuanto antes». Tras la recusación de los dos magistrados de la Audiencia de Badajoz, en la causa participan otros dos de la de Mérida, por lo que se deben cuadrar calendarios para poder poner fecha a la vista, lo que previsiblemente supondrá que no se pueda celebrar hasta dentro de varios meses. H