La Crónica de Badajoz

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Ya están trabajando en la regularización de este núcleo urbano como asentamiento rústico

Vecinos de la Dehesilla asumen que no se debió construir la rotonda

La nueva directiva de la asociación de propietarios reconoce que no les queda otra que derribarla

La rotonda que tiene que ser demolida. SANTIAGO GARCIA VILLEGAS

De repente se han visto en los medios de comunicación con un protagonismo que no buscaban porque no desean ser objeto de escrutinio. La Asociación de Propietarios de la Dehesilla de Calamón, cuya junta directiva cambió hace 4 meses, asume que fue un error construir en 2018 la rotonda objeto de polémica, que ahora un juez obliga a demoler y que ha provocado que el ayuntamiento les abra un nuevo expediente sancionador, que podría dar lugar a una multa de 18.600 euros.

El presidente de la asociación de propietarios, Juan José Benítez, confirma que demolerán la glorieta, que la anterior junta directiva decidió habilitar como solución al tráfico en el cruce de dos calles. «No nos queda otra que derribarla, evidentemente, porque el ayuntamiento no dio el visto bueno en su día para hacerla», asume. «La Dehesilla tiene 40 años y llevamos 36 sin rotondas», razona, para justificar que esta obra era prescindible.

Así, aunque la asociación de propietarios está luchando por minimizar las consecuencias de la infracción, Benítez deja claro que es un problema heredado. «El ayuntamiento tiene razón, la rotonda se hizo en una situación alegal, porque no podemos tomar decisiones de ese tipo, ni para poner una farola». A pesar de que al mismo tiempo reconoce que puede haber propietarios que defienden la colocación de esta glorieta como una medida de seguridad vial. La Dehesilla tiene 24 kilómetros de caminos y donde está la glorieta es solo uno de los muchos cruces que existen. «Poner una rotonda sin licencia, blanco y en botella, te obligan a tirarla», insiste Benítez, quien no niega que cuando se les permita, se colocarán glorietas y otras medidas de seguridad vial. 

La Dehesilla de Calamón es un Núcleo Urbano Secundario (NUS). Como otras urbanizaciones del extrarradio en su misma situación urbanística (existen 19 NUS en Badajoz), se encuentra en «un limbo legal» que impide acometer obras hasta que su situación se regule, en lo que ya está trabajando la nueva directiva, a través del denominado Asentamiento Rústico. Esta figura está contemplada en la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus) de 2019 y supondría desclasificar el suelo no urbanizable suavizando los requisitos en cuanto a dotaciones y cesiones. 

Para Juanjo Benítez, el litigio de la rotonda ha sido «un problema personal de dos vecinos, del que no se hubiese enterado nadie» y del que salen perjudicadas las 600 familias de la Dehesilla. Se refiere al anterior presidente y al propietario que denunció su existencia. Al actual presidente no le cabe duda de que la antigua directiva adoptó el acuerdo por el bien de la urbanización, pero desconocen quién tomó la decisión final y si se hizo conforme a los estatutos de la asociación. Lo averiguarán por si tienen que tomar medidas. «Nosotros lo que queremos es que todo se restablezca en su orden y no tener problemas, porque esto nos afecta a todos, no solo por el dinero que nos va a costar, sino en que nos pone en el mapa y tenemos una lupa encima», lamenta.

Juan José Benítez. LA CRÓNICA DE BADAJOZ

El ayuntamiento abrió dos expedientes: uno sancionador y otro de restitución de la legalidad urbanística. Ambos fueron recurridos por los vecinos. En el primero el juez les ha dado la razón y ha anulado la multa por un defecto de forma, porque había caducado el expediente. Pero el ayuntamiento no se rinde y ha abierto uno nuevo porque la infracción urbanística, que es grave, no ha prescrito. Los propietarios saben que no las tienen todas consigo. «Seguramente lo perdamos todo», se teme Benítez.

En el segundo expediente, otro juez ha dado la razón a Urbanismo y obliga a los vecinos a demoler la glorieta. Ante esta situación, la asociación de propietarios se pregunta si es conveniente seguir peleando y gastar el dinero «que es de los vecinos». A la inversión en la rotonda hay que sumar lo que cobra el abogado que los defiende, la posible multa y ahora derribarla y restituir la legalidad. «Es un saco sin fondo», recalca. En opinión de su presidente, el «90% de los propietarios no quieren jaleo. A lo único que aspiran es a que mejore su barrio». H

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