El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, confirmó ayer que ha solicitado a la Secretaría General del ayuntamiento, al servicio de actas, que realice una transcripción para que los servicios jurídicos estudien la intervención en el pleno del concejal socialista Pedro Miranda, referida a la inversión que va a acometer el ayuntamiento en el traslado de una rotonda de la avenida de Elvas. Miranda dejó caer que los intereses de los promotores de viviendas prevalecen sobre el interés general. «Esto no puede o no debe quedar, si así lo consideran los servicios jurídicos, en una más del señor Miranda», señaló Gragera, pues consideró que «no se puede consentir que ese tipo de acusaciones se viertan sobre un servicio y un grupo de funcionarios que únicamente hacen su trabajo».
El alcalde, que es abogado de profesión, insistió ayer en que las palabras de Miranda pueden ser constitutivas de algún tipo de ilícito penal, en este caso calumnia con publicidad. Es su opinión. Como también opina y así advirtió al concejal socialista, que «el pleno no es patente de corso para decir lo que uno quiera» y «menos para poner la sombra de la sospecha y acusar directamente al ayuntamiento». Cuando además este tema, según Gragera, no tiene que ver con el actual equipo de gobierno municipal sino que, en todo caso, es una cuestión que procede de 2007. «Estar continuamente metiendo el dedo en el ojo a los técnicos municipales, a la antigua corporación o al ayuntamiento como institución no es de recibo», insistió, como ya lo hizo el día anterior en el pleno, en relación a la forma de comportarse del concejal socialista. «A veces -dijo de Miranda- tiene esa manera de ser y de expresarse y todo en esta vida, por desgracia, tiene consecuencias».
