El grupo municipal socialista exige mayor control y seguimiento por parte del Ayuntamiento de Badajoz de los contratos firmados con las tres concesionarias de los servicios de transporte público urbano, adjudicado a Tubasa, el de recogida de residuos sólidos, que lleva la empresa FCC, y el servicio de suministro de agua potable, a cargo de Aqualia.

El concejal socialista Martín Serván puso ayer de ejemplo lo ocurrido con los autobuses urbanos, un servicio del que se encargaron auditorías de los años 2019 y 2020, que dieron como resultado que las arcas municipales se ahorran 605.408 eros entre ambos ejercicios. Según Serván, estas "desviaciones" se producen por el coste de prestación de servicios de empresas del propio grupo al que pertenece Tubasa. Hasta estas auditorías el ayuntamiento nunca examinó los antecedentes de los pagos que liquida anualmente a la concesionaria, apuntó el concejal socialista.

Serván señaló que todos estos datos demuestran la importancia de estas iniciativas de seguimiento y control a las concesionarias, que representan más de 30 millones de euros en el presupuesto municipal, y por tanto un 25 por ciento del total.

Por todo ello, el PSOE propone varias medidas que permitan un mejor funcionamiento y adecuado control de las concesionarias y en este sentido presentarán una moción en el próximo pleno ordinario. La primera propuesta es la puesta en marcha de un servicio municipal de control financiero formado por funcionarios o técnicos municipales que se encargarán de auditar las cuentas de las concesionarias. Además, el PSOE pide que estas empresas lleven una contabilidad analítica para determinar los costes que fijan el equilibrio financiero. Asimismo propone elaborar un procedimiento interno de contratación para la selección de empresas que técnica y económicamente mejor se adapten para prestar los trabajos que el ayuntamiento contrate fuera. En opinión de este grupo municipal, los técnicos municipales deberían revisar los contratos vigentes. También debería haber un control interno que permita la trazabilidad de la dedicación real de los empleados. Por último, habría que realizar auditorías a Tubasa entre los años 2015 y 2018 y también a FCC y Aqualia de los años 2020 y 2021.