En el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Badajoz insisten en que su misión no es recaudatoria sino disuasoria. Los radares móviles y fijos que cedió en 2020 a 17 municipios de la provincia han tenido su traducción en las denuncias, que se han incrementado más de un 77%. Según los datos de la gestión de multas de tráfico, en 2019 se pusieron 58.064 denuncias, que subieron a 102.964 cuando empezaron a funcionar. Estas cifras abarcan el total de las infracciones, pero la diferencia es achacable a la puesta en uso de estos dispositivos. 

La cesión de esto radares es fruto de la campaña de sensibilización que el OAR inició en 2019 con la Jefatura Provincial y la Fiscalía de Tráfico para reducir las infracciones por exceso de velocidad y por la seguridad vial en los municipios de la provincia. El OAR diseñó entonces la compra de 3 radares fijos, que se colocaron en Mérida, Villanueva de la Serena y Montijo y 14 móviles.

Según Javier Merino, jefe de sección de sanciones no tributarias, el uso de estos radares está teniendo su efecto. Solo en Villanueva de la Serena se pusieron 9.955 denuncias en 2020, en el 2021 subieron a 10.633 y este año van 875. En Mérida fueron 21.981 en 2020, menos de la mitad al año siguiente (10.117) y en 2022 suman ya 802. En Montijo, 2.478 en 2021 y este año, 119. Son los tres municipios con más denuncias por exceso de velocidad puesto que sus radares son fijos, mientras en las demás localidades, al ser portátiles, su uso no es continuado sino en campañas puntuales de control de velocidad. Por citar algunos ejemplos, los más llamativos, el radar móvil de Santa Amalia dio lugar a 2.272 denuncias en 2020, que bajaron a 1.677 en 2021 y van 31 en 2022. En La Albuera se pusieron 1.529 denuncias en 2020, 957 en 2021 y en lo que va de año, solo han pillado a 3 infractores. En Oliva de Mérida solo se registraron 71 en 2020, al año siguiente fueron 1.158 y este año, solo una.

Merino apunta que estas multas evolucionan desde una subida muy elevada cuando los radares empiezan a funcionar hasta que llegan a un máximo, posteriormente bajan mucho porque los conductores empiezan a reaccionar y finalmente la cifra se mantiene en una media cuando los ciudadanos se acostumbran.

Tras esta primera campaña, la diputación destinó una nueva partida a la adquisición de radares y se han adjudicado 5 fijos a los ayuntamientos de Almendralejo, Zafra, Don Benito, Herrera del Duque y Olivenza y otros 13 móviles a Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona, Azuaga, Guareña, Llerena , Aceuchal, Oliva de la Frontera, Quintana de la Serena, Valverde de Leganés, Arroyo de San Serván, Ribera del Fresno, Orellana la Vieja y la Coronada.

El requisito para solicitarlos es que tener delegada la gestión recaudatoria de las multas y sanciones en el marco del convenio con el OAR, en régimen de encomienda, para la gestión integral de los expedientes sancionadores en materia de tráfico.

El OAR gestiona las multas de tráfico de 107 municipios de los 166 de la provincia: el 100% de los que tiene más de 5.000 habitantes, más del 94% entre 2.000 y 5.000 y entre 1.000 y 2000, del 75%. De los más pequeños, solo el 22%, pero son pueblos que no tienen policía local ni problemas de tráfico como para acogerse al convenio. Cuando la diputación decidió la adquisición de los radares, envió cartas a todos los ayuntamientos para que los solicitasen y una comisión técnica los adjudicó en función del número de habitantes, que tengan vías que puedan dar lugar a infracciones de velocidad, la siniestralidad y el número de policías locales. Hay que tener en cuenta que los radares portátiles requieren la intervención de dos agentes.

Los radares móviles de esta segunda convocatoria se entregaron ayer a cada jefatura y en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura se celebró una jornada teórica y práctica sobre su funcionamiento. Asistieron 75 policías locales procedentes de los 13 municipios.

La intención de la diputación es que haya una tercera edición de este programa, en función de la disponibilidad presupuestaria. La adquisición de los cinco radares fijos ha supuesto 240.435 euros y los 13 móviles han costado 216.3181 euros. Son propiedad del OAR, que se encarga de su mantenimiento.