En el interior de un paquete perfectamente envasado de galletas María recortadas pero intactas, dentro de una bolsa de pan de molde entre varias rebanadas, ajustados a la plantilla de una zapatilla de deporte, ocupando la parte central de las páginas recortadas de un libro, en botes de refresco y hasta en el interior de un desodorante roll on. Los presos y quienes van a visitarlos idean mil maneras para intentar colar en las cárceles teléfonos móviles, aparatos muy preciados entre los internos, que llegan a generar un mercado negro, con los problemas que esto conlleva en las relaciones entre los presos.
En las cárceles españolas se han incautado 10.000 móviles en los últimos cinco años. En el centro penitenciario de Badajoz han sido 75. Solo en 2019 fueron 27, según los datos facilitados por el sindicato Acaip UGT, que destaca el trabajo realizado por los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos aparatos, que están prohibidos en las prisiones para evitar la continuidad de actividades delictivas. Son objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y las relacionadas con el narcotráfico. Además, el uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes para hacerse con su control.
Este sindicato alerta de que se camuflan fácilmente. Hoy en día existen móviles del tamaño de un dedo. Acaip UGT destaca que los trabajadores penitenciarios deben dedicar grandes esfuerzos al decomiso de estos teléfonos.
Suelen entrarlos en la prisión cuando los presos regresan de un permiso o a través de familiares cuando los visitan. Estos aparatos escapan a los detectores de metales porque sus componentes son de plástico y además no se pueden registrar todas las pertenencias porque supondría, por ejemplo, destrozar envases y embalajes. Existen inhibidores, pero este sindicato alerta de que no funcionan porque se deberían renovar continuamente y están obsoletos. Una vez que los teléfonos móviles pasan dentro del centro penitenciario, la única manera de encontrarlos es revisando de manera exhaustiva los módulos, normalmente cuando se produce un «chivatazo» porque, de otra forma, sería imposible si no levantan sospechas. Ante esta situación, desde Acaip reclaman medios materiales y humanos suficientes para evitar, por un lado, la entrada de estos dispositivos en la cárcel y, por otro, realizar el control en el interior. Ya se sabe que la necesidad agudiza el ingenio.
