Ellas son las víctimas y no quieren que se desvíe la atención sobre la gravedad de los hechos sucedidos en el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, donde el oficial mayor ha sido denunciado por cuatro trabajadoras por presuntos abusos sexuales, acoso y amenazas. Cinco miembros de la junta directiva dimitieron entre el lunes y el martes. El miércoles por la tarde, el presidente de la institución colegial, Pedro Hidalgo, rompió su silencio por primera vez para defender que habían actuado con diligencia desde que tuvieron conocimiento de los hechos y que han estado callados para proteger a estas mujeres y su entorno. «No vamos a entrar a realizar comentarios sobre lo que está ocurriendo a nivel interno y sobre los acontecimientos que se están produciendo en el Colegio de Médicos, porque entendemos que tenemos que centrarnos en el proceso judicial, mis clientes confían en la justicia y es lo que quieren», afirma Belén Hernández Gragera, la abogada que representa a tres de las cuatro trabajadoras del colegio que han presentado denuncias contra el oficial mayor.
La abogada reitera que no quieren entrar en mayores comentarios «ni en otro tipo de polémicas que no nos van a conducir a nada realmente». Porque, en su opinión, con el debate generado sobre la actuación del colegio «se está desviando la atención y mis clientas lo que quieren es que continúe el procedimiento, que se haga justicia, confían plenamente en los tribunales y no quieren entrar en polémica, porque ya bastante mal lo están pasando». La abogada insiste en que se niegan a participar en debates sobre las situaciones internas que están aflorando, para no desviar la atención en cuestiones «que son ajenas», cuando «lo importante son los hechos que se han producido, de indudable relevancia penal, claramente tipificados en el Código Penal y que merecen un reproche punitivo», recalca.
"Lo importante son los hechos que se han producido, de indudable relevancia penal"
Por todo ello, lo que piden es que el caso se centre en ese proceso penal, «no queremos que se desvíe la atención a otras cuestiones», insiste la abogada, que no entra a valorar si el colegio ha actuado con la suficiente diligencia en este proceso o si las víctimas se han sentido arropadas. «Tenemos nuestra opinión y nuestro criterio al respecto, pero preferimos no manifestarlo ni hacer declaraciones en ese sentido, centrarnos en el proceso y que sea el juez de instrucción el que realice la línea de investigación y que finalmente se resuelva de forma favorable para mis clientes, que lo están pasando muy mal», subraya.
La primera denuncia por abusos sexuales contra el oficial mayor del Colegio de Médicos se presentó el jueves 27 de enero y las restantes, el 28. Ese mismo día por la tarde, agentes de la Unidad de Atención a Familias y Mujer (UFAM) dependiente de la Policía Judicial, detuvieron al presunto agresor, que el sábado 29 de enero fue puesto a disposición del juez, que decretó su libertad con cargos. En principio son cuatro las víctimas. Alguna de ellas se encuentra en estos momentos de baja laboral. Hay una quinta persona, la exvicepresidenta del colegio, María Ibáñez, que está como «testigo perjudicada», que aún no ha tomado ninguna decisión sobre cuál va a ser su postura en el proceso, si se va a personar o va a renunciar. En el auto de incoación de las diligencias previas no aparece como víctima. Todas, las cinco mujeres, cuentan con orden de alejamiento del presunto agresor, una medida cautelar dictada por el Juzgado de Instrucción número 3. En el caso de María Ibáñez, lo que ha trascendido es que es así porque ha sido la persona que ha acompañado a las denunciantes sobre el proceso. Ibáñez rehusó ayer de nuevo hacer cualquier declaración sobre lo sucedido, a petición de este diario.
El caso está todavía en la fase de instrucción y, según la abogada Belén Hernández Gragera, le queda aún «muchísimo» recorrido, pues es un proceso que se acaba de incoar.
