El escueto comunicado enviado a los medios de comunicación la madrugada del martes, tras horas de silencio desde que trascendieron los hechos, es la única reacción del Colegio de Médicos de Badajoz a la detención de su oficial mayor por presuntos abusos sexuales a cinco mujeres, cuatro de ellas empleadas de la entidad y una quinta vinculada a la misma.
Hasta la fecha, pese a la insistencia de la prensa, el presidente del Colegio de Médicos, Pedro Hidalgo, no ha querido realizar declaraciones públicas sobre este caso, pese a que el acusado era una persona que ocupaba un puesto de confianza, para el que fue designado por la junta directiva que él preside. Desde la institución remiten una y otra vez a su comunicado, en el que se informaba del despido del oficial mayor y se aseguraba que la «prioridad» era la protección de las «afectadas», alegando que no habrá ningún pronunciamiento más hasta que termine el proceso judicial abierto.
El colegio no ha querido confirmar si sus responsables tuvieron conocimiento de los presuntos abusos sexuales varias semanas antes de que las trabajadoras los denunciaran ante la Policía Nacional, ni tampoco cuándo se decidió apartar al oficial mayor de su puesto como medida cautelar antes de que se acordase su despido «fulminante».
Fricciones internas
Aunque impera el mutismo de cara a la opinión pública, el caso habría generado fricciones en el seno interno del colegio por la forma en la que se ha actuado y por la repercusión que está teniendo, dada la gravedad de las acusaciones hacia un empleado que llevaba 30 años vinculado laboralmente a la institución y que ocupaba un puesto de confianza, según fuentes consultadas por este diario.
La vicepresidenta segunda del Colegio de Médicos, María Ibáñez, quien ha sido la persona que ha acompañado a las denunciantes en este proceso, tampoco quiso ayer hacer declaraciones sobre este caso. El juzgado ha prohibido al acusado acercarse a todas ellas.
Las denuncias contra el oficial mayor se presentaron en la comisaría pacense el 27 y 28 de enero y de la investigación se hizo cargo la Unidad de Atención a Familias y Mujer, dependiente de la Policía Judicial, cuyos agentes detuvieron al presunto agresor sexual el mismo día 28 por la tarde, imputándole además los delitos de acoso y amenazas. Al día siguiente fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que instruye la causa, que decretó su puesta en libertad con cargos.
