La alcaldesa de Alburquerque, Marisa Murillo, conserva, con su grupo no adscrito y cinco concejales, la mayoría en la corporación municipal, dado que aún no han llegado las credenciales de los dos nuevos ediles socialistas, que tomarán posesión en un pleno previsto el 31 de marzo. Cuando esto suceda, la oposición (IPAL-PSOE) ostentará la mayoría y el gobierno estará en sus manos. 

Habrá que esperar por tanto para que la oposición, con 7 ediles, tome las riendas de las votaciones e implemente, entre otras medidas, eliminar el puesto de asesor del equipo de gobierno que ocupa el exalcalde, Ángel Vadillo, así como suprimir el sueldo a la alcaldesa. Esta era una de las opciones barajadas por la oposición para intentar revertir la dramática crisis socio económica y política institucional que vive la localidad. La otra vía que se contemplaba, la dimisión en bloque para que, al no contar la corporación con un número mínimo exigido de componentes, se formase una comisión gestora por parte de la Diputación de Badajoz. Esta alternativa se descartó tras conocer que esa gestora estaría presidida por la alcaldesa, quien actuaría así únicamente junto a los concejales de su grupo de gobierno.

Juan Carlos Prieto, concejal del PSOE, señaló antes el pleno celebrado este jueves, que habrá que esperar a ese fecha para obtener la mayoría y así «aprobar en pleno aquellos asuntos que paralizan la normalidad de Alburquerque, para revertir la situación del pueblo y empezar a doblegar el brazo ejecutor que aprisiona las libertades y los derechos de los alburquerqueños”. Prieto acusó a la alcaldesa de aprobar asuntos sin pasar por el pleno, «como la venta de patrimonio a dedo, sin subasta, para evitar que haya puja por parte de los interesados y reduciendo el valor de los bienes», denunció.

Por su parte, Manuel Gutiérrez, portavoz de IPAL, lamentó que no se tratase en pleno el nuevo plan de pago a proveedores del Ministerio de Hacienda para que ayuntamientos con problemas de pago como el de Alburquerque puedan liquidar las deudas con las empresas y autónomos.

Durante la sesión ordinaria de ayer, la oposición preguntó además por una circular que han recibido los trabajadores municipales, a los que se les adeudan hasta 13 nóminas, que deberán contar con el informe favorable del asesor Ángel Vadillo a la hora de concedérsele sus días de vacaciones, asuntos propios o de visitas al médico. 

«Pedimos que se paralice ese decreto que concede funciones ejecutivas al asesor, cuando la Delegación del Gobierno ya dijo hace meses que Vadillo no puede tener esas funciones, eso es prevaricar, y también pedimos que se paralicen todos los despidos que la alcaldesa tiene previsto llevar a cabo para el próximo día 31 de enero a los trabajadores más reivindicativos», indicó Prieto, quien culpó a la alcaldesa de querer amedrentar a los trabajadores que protestan activamente cada día en las puertas del consistorio para recibir sus salarios. Gutiérrez preguntó por el destino de una partida del OAR de 400.000 euros. También se interesó por el nuevo organigrama de funcionamiento del equipo de gobierno tras las dimisiones y altas de concejales, preguntó por la «sensación que tuvo la alcaldesa con la llegada a la localidad de un camión con alimentos provenientes de Pinto para hacer frente a las necesidades de los trabajadores municipales durante las fechas navideñas. Por otro lado, preguntó por las intenciones de la alcaldía ante «la desmantelación del cuerpo de la policía local».

En la misma sesión se aprobó con los votos favorables del grupo gobernante no adscrito, que pese a contar con el mismo número de componentes que la oposición, cinco ediles, contó con el de calidad de la presidencia ostentada por la alcaldesa, la modificación de la ordenanza del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Igualmente se aprobó la propuesta de delegación de competencias a favor de la alcaldía en materia de contratación y enajenación de bienes, según señaló Murillo, «para agilizar trámites y la entrada de fondos en las arcas del ayuntamiento», lo que fue muy criticado por la oposición que en la voz de Gutiérrez dijo que esta medida, «se trata en realidad de un cheque en blanco para que la alcaldesa contrate obras, a personal y servicios, y lo que es peor enajene el escaso patrimonio municipal que queda», a la vez que preguntaba a la regidora por los bienes que quiere vender y a quiénes los venderá.

Durante el turno de ruegos y preguntas, IPAL propuso a los ediles del grupo gobernante el unirse a la oposición para que prosperase una posible moción de censura contra la alcaldesa, mientras que el PSOE preguntó por los costes judiciales que han supuesto en los dos últimos años las demandas por impagos y reclamaciones por no ajustarse a la legalidad en materia laboral. Murillo, señaló que respondería a todas las cuestiones presentadas por la oposición en un próximo pleno extraordinario, alegando que le faltaba documentación y por tanto información sobre algunos temas planteados

Tras el pleno, un grupo de trabajadores afectados por los impagos pidió, una vez más, la dimisión de Murillo y su equipo.

El PP de Badajoz, por su parte, calificó de «frustración y decepción» que la actitud del PSOE e IPAL «prorrogue» la agonía que sufre la localidad, pues, a pesar de esperar que este pleno sirviera para que la oposición cumpliera lo dicho a la ciudadanía hace mes y medio sobre su dimisión en bloque, «hoy volvemos a la casilla de salida».