El acusado de tratar de disparar a dos policías en la comisaría de Badajoz: "Juro que no sé manejar un arma"

Su versión dista mucho de la que ofrecieron los agentes a los que supuestamente encañonó con la pistola reglamentaria de uno de ellos, después de que, durante un forcejo, lograra hacerse con ella, montarla «con destreza y agilidad» y buscar la posición de tiro para apuntar a ambos al grito de «y ahora qué, y ahora qué». Según relataron los policías, el procesado no tenía puesto los grilletes, pues no estaba en comisaría en calidad de detenido, sino para identificarlo, ni presentaba síntomas de encontrase bajo los efectos del alcohol u otras sustancias estupefacientes. «Estaba tan normal y se dirigía a nosotros perfectamente», contó uno de ellos, a quien incluso, según relató, llegó a decirle que lo conocía de vista porque sus hijos iban al mismo colegio. 

El juicio por estos hechos, que tuvieron lugar el 14 de octubre del 2018, quedó ayer visto para sentencia. La fiscalía y las acusaciones particulares mantienen su petición de 14 años de cárcel por dos delitos de tentativa de homicidio y otro de atentado contra agentes de la autoridad, mientras que la defensa, que pide la absolución, añadió la calificación subsidiaria de eximente incompleta por intoxicación etílica y las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas.

Para el fiscal, Juan Calixto Galán, durante el juicio ha quedado "totalmente" acreditado que el inculpado fue trasladado a comisaría en una actuación «legítima» de la Policía Nacional, tras negarse a identificarse cuando se encontraba en un negocio de hostelería del barrio de San Fernando, al que los agentes acudieron porque su encargada denunció el hurto de 200 euros de la caja registradora.  

Una vez en comisaría, cuando estaba en la zona que antecede a las celdas de los calabozos, amenazó con un banco de hierro a uno de los agentes y cuando éste y otro funcionario trataron de reducirlo, fue cuando arrebató a uno de ellos la pistola de su funda y apretó el gatillo. «Por fortuna no tenía cargador, porque les había podido causar la muerte», aseguró el representante del ministerio público, para quien el acusado efectuó con «plena consciencia y conocimiento» el montaje del arma, para disparar a «quemarropa» a los agentes. «Hasta mostró sorpresa y frustración ante el hecho de haber disparado y no haber conseguido su objetivo», expuso Galán, dando credibilidad al relato de los policías en la sucesión de los hechos y también en al testimonio sobre el estado de «normalidad» que presentaba el acusado.

Todo lo contrario que a la tesis defendida por el forense, que señaló que las capacidades cognitivas y volitivas del procesado estaban «disminuidas» por el consumo de alcohol y drogas, pero no «totalmente abolidas». Para el ministerio público, el informe forense «adolece de base» y está elaborado sobre «conjeturas e hipótesis». «No acredita el consumo de alcohol y droga, solo dice que podía ser compatible», señaló Galán, para quien el acusado «sabía lo que hacía, tuvo un comportamiento explosivo, pero no alterado por el consumo de tóxicos».

También pusieron en cuestión el informe forense los abogados de las acusaciones particulares, José Duarte y Manuel Morillo. «Carece de ningún tipo de rigor técnico», afirmó este último. Ambos consideraron que no se ha acreditado ningún tipo de atenuante en este sentido, sino que ha habido dos tentativas de homicidio «porque aunque al arma estuviera descargada, el Código Penal sí contempla castigar por la peligrosidad del intento este tipo de comportamientos», expuso Duarte, quien reclamó a la sala una sentencia «que disuada, porque no puede haber detenidos en un calabozo que crean que estos hechos no tendrán efectos punitivos», alertó.

Por su parte, la defensa, en manos de Fernando Cumbres, sí puso en valor el informe forense que, según dijo, acredita que su cliente tenía las capacidades del hacer y el querer «notablemente mermadas» por la intoxicación etílica y consumo de drogas (dos testigos que estuvieron con el acusado el día de los hechos declararon que estaba «bebido», aunque no en qué grado). El letrado defendió que en su representado «no hubo ánimo de matar en ningún momento» y que, en todo caso, sería una tentativa «inidónea», porque el arma estaba descargada y con la corredera bloqueada, quedando inutilizada, por lo que era un elemento «que no podía causar la muerte y ni siquiera fue utilizado para agredir a los agentes, por lo que solo es un medio intimidatorio», señaló.