FCC seguirá prestando el servicio de limpieza y recogida de la basura en Badajoz hasta 2030. El pleno del ayuntamiento aprobó ayer prorrogar 8 años más el contrato de 12 años que se firmó con esta empresa en 2010. El contrato termina en octubre de 2022. En los pliegos de condiciones de la concesión figura que si se amplía se tiene que decidir al menos con tres meses de antelación. Se ha aprobado casi un año antes porque, según recordó el concejal de Limpieza, Alejandro Vélez, como se ha amortizado la maquinaria y el parque móvil y la prórroga conlleva reinversiones, se tienen que prever con mucho tiempo porque, por ejemplo, el suministro de los nuevos vehículos puede tardar más de un año.
La oposición votó en contra. El PSOE lo hizo no porque se oponga a la prórroga sino porque esta decisión, que considera «arbitraria», no se ha justificado con análisis y estudios que apoyen que es la mejor alternativa. Lo socialistas pidieron que el acuerdo se deje sobre la mesa, pero el equipo de gobierno no cedió. El concejal del PSOE Martín Serván lamentó «la excesiva prisa» con la que se acuerda la prórroga, pues el contrato no cumple hasta octubre del próximo año. «Es un brindis al sol», criticó, ya que en el expediente no figuran qué inversiones va a cometer la concesionaria y con esta decisión se «hipoteca» a futuras corporaciones. Al grupo socialista le parece que un acuerdo tan importante merece un estudio técnico y financiero sobre la idoneidad de la renovación del que se informe a los concejales y, por tanto, a los ciudadanos.
Serván apuntó que el coste anual del contrato con FCC es de 14 millones de euros, que representan el 10% del presupuesto municipal y ocho años más supondrían, como mínimo, 112 millones. Los socialistas reclamaron un estudio de prestaciones y de costes o análisis comparativos con otras ciudades que debe realizar el propio servicio o empresas consultoras, pues se podrían tener en cuenta otras opciones, como una nueva concesión o la remunicipalización del servicio. Según Martín Serván, la decisión adoptada ayer era «un acto voluntarioso e incluso caprichoso» en el que los socialistas se temen que «no ha primado el interés común».
En su intervención, el concejal no adscrito, responsable del área de Limpieza, insistió en que el mismo canon que se paga a la empresa se va a destinar a reinversiones, aunque no concretó cuáles, solo mencionó nueva maquinaria y vehículos, que serán menos contaminantes. Vélez aseguró que existe un estudio de reinversiones para renovar toda la flota y actualizar las necesidades y demandas, sin entrar en detalles. Sí apuntó que en los próximos presupuestos se tendrá que contemplar la ampliación del servicio. No habló de cantidades, si bien a este diario ya adelantó que la cuantifica en 1,5 millones de euros y que el contrato lo permite.
«El servicio es satisfactorio y la ciudad está francamente mejor», defendió también el alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos. Gragera manifestó que el acuerdo de prórroga es apremiante, para que no ocurra como en Cáceres, que se tuvo que hacer por urgencia. Según el alcalde, el servicio que ha prestado FCC durante 11 años ha sido «positivo» «y lo que funciona no debemos tocarlo».
No fue el único acuerdo sobre las concesionarias de servicios municipales. El pleno aprobó la modificación presupuestaria para el equilibrio económico de la empresa del servicio de aguas, Aqualia, correspondiente a 2020 y 2021, por 1.084.000 euros.
TUBASA/ Además, desde el jueves, los trabajadores de la concesionaria del autobús urbano, Tubasa, han dejado de concentrarse ante el ayuntamiento porque sabían que el proceso de reconciliación estaba en camino, a pesar de que la empresa tiene tres recursos en el juzgado. El pleno aprobó ayer el expediente de modificación de crédito para la entrega a cuenta correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la liquidación de 2021 por 1,2 millones de euros. Diciembre no se ha incluido (serían 1,8 millones en total) porque los servicios responsables de la concesión han decidido retener la facturación de ese mes ya que en los últimos dos déficits de 2019 y 2020 ha habido discrepancias con los datos aportados por la empresa, de los que se han detraído «cantidades no justificadas correctamente».
