Los trabajadores de la concesionaria del transporte urbano, Tubasa, han decidido movilizarse y presionar así al Ayuntamiento de Badajoz para que abone a la empresa la liquidación correspondiente al déficit de 2020, que asciende a 1,2 millones de euros. A partir del próximo sábado, día 13, durante el mes de noviembre se concentrarán por las mañanas -salvo los domingos- en la plaza de España frente al palacio municipal. La empresa no les debe ninguna nómina, aunque la del último mes la han cobrado con una semana de retraso, pero ya les ha advertido de que no puede asegurarles el pago de la siguiente.
Los trabajadores celebraron el viernes una asamblea en la que el 95% apoyó las movilizaciones, según explicó ayer el presidente del comité de empresa de Tubasa, Antonio Villalba. Su protesta se sustenta en dos hechos. Por un lado, la responsabilidad del ayuntamiento en cubrir la deuda que mantiene con la empresa «poniendo en riesgo nuestro salario». El segundo punto es el incumplimiento del relevo de la flota, pues consideran «excesivo» que los autobuses circulen por la ciudad con más de 13 años. Villalba recordó que hace un año se reunieron con el concejal de Transportes, Jesús Coslado, para trasladarle su preocupación por el impago de las nóminas si no se liquidaba el déficit y la situación se ha vuelto a repetir.
Los trabajadores se concentrarán pero no habrá paros del servicio. «Vamos a agotar todos los recursos legales que tengamos, son simplemente movilizaciones para concienciar de la situación que está sufriendo la plantilla de Tubasa».
Es el último capítulo del conflicto que mantienen el ayuntamiento y la concesionaria del servicio público del transporte urbano, que ha presentado tres recursos ante el juzgado de lo contencioso-administrativo para reclamar el abono de la liquidación del déficit de 2019 (unos 900.000 euros) y de 2020 (1,2 millones) y un tercero por la modificación del contrato para la renovación de parte de la flota, con la que el empresa no está de acuerdo, porque amplía los años de amortización de los vehículos.
Según los trabajadores, después de haberse reunido el viernes pasado con el alcalde, Ignacio Gragera, y con Coslado, han cobrado sus nóminas porque el ayuntamiento ha hecho efectiva la liquidación del déficit de 2019, aunque no la totalidad que reclamaba (593.000 euros). Hay que recordar que el ayuntamiento encargó una auditoría que redujo en más de 300.000 euros la cuantía que la concesionaria pedía por este ejercicio, correspondiente al equilibrio financiero que deben asumir las arcas municipales según establece el pliego de la concesión.
Desde el equipo de gobierno municipal se negaron ayer a realizar declaraciones argumentando que se trata de un asunto técnico, no político, y además está en el juzgado de lo contencioso.
Los trabajadores hacen suyos los problemas de Tubasa. Ante el impago de la liquidación de 2020, expresan su temor por que la empresa no les garantiza el cobro de las próximas nóminas. Defienden como solución que abone la parte reconocida por la auditoría (un millón de euros de 2020), dejen pendiente la diferencia «y que luego se las entienden». Reconocen que su problema es con Tubasa, si no les paga, «pero el responsable del servicio es el ayuntamiento y la adjudicataria es la empresa, nosotros tendremos que hacer algo».
En cuanto a la flota de vehículos, avisan del deterioro «desde hace varios años» de una parte que no está «en condiciones óptimas» para la jornada laboral de los conductores. Según sus datos, 8 o 9 vehículos tienen 13 años y en los próximos tres meses se sumarán otros 11, lo que supone que una veintena de autobuses de gasoil estén fuera del plazo que marca el pliego para la renovación de la flota, que el equipo de gobierno quiere modificar para ampliarlo. Los trabajadores alertan de que la renovación se puede retrasar uno o dos años, lo que conlleva problemas de salud en los conductores y quejas de los usuarios «pues es raro el día en que un autobús no se avería», lo que influye en la calidad del servicio.
La plantilla está conformada por más de 130 trabajadores «y el problema es grave», según el presidente del comité de empresa.
